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Autor: PABLO FELIPE PÉREZ GOYRY   


©Pablo Felipe Pérez Goyry

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2 de junio de 2011

Honduras: La incorporación del golpe de Estado en la democracia de la OEA del siglo XXI - Por: Ollantay Itzamná


Honduras: La incorporación del golpe de Estado en la democracia de la OEA del siglo XXI

Por: Ollantay Itzamná
Agencia Latinoamericana de Informacion.

La Organización de Estados Americanos reincorpora al Estado hondureño, luego de cerca de 2 años de expulsión, sin exigirle antes el cumplimiento elemental de principios básicos de justicia.
“No exigimos que resuciten a nuestros muertos. Por justicia pedimos cárcel para quienes instauraron un régimen de la muerte con el golpe de Estado en Honduras. Ahora que la OEA reincorpora al Estado hondureño, como si aquí no hubiera pasado nada, quienes nos masacraron se nos ríen en la cara. No exigimos ni venganza, ni olvido. Exigimos justicia.” Así expresa doña Maira su sentimiento de indignación e impotencia ante el silencio de la justicia y el retorno del Estado hondureño a la OEA.
Frente a este hecho, las y los hondureños se preguntan: Eso del golpe de Estado que molestó incluso a la OEA en su momento, ¿qué fue, un cachondeo? ¿Fueron fantasmas quienes rifle en mano expulsaron al Presidente del país? ¿Dónde diablos están quienes torturaron y asesinaron a más de 200 personas durante y después del golpe?
¿Son ángeles inmaculados venidos del cielo quienes asesinaron a 12 comunicadores sociales durante el régimen actual? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado? ¿En qué reclusión penal purga sentencia Roberto Micheletti Bain, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los militares y los congresistas que destituyeron al Presidente, incluso con una firma de renuncia falsificada?
Así se premia a los autores del golpe de Estado en Honduras
Roberto Micheletti Bain fue condecorado como héroe nacional por su cómplice Oscar Andrés Rodríguez (cardenal), nada menos que en el Santuario de la Virgen de Suyapa, en 2010. Hace unos meses atrás, fue denunciado por robar energía eléctrica y no pagar los servicios de agua para sus empresas. Actualmente es uno de los principales apologetas de los golpes de Estado para domesticar a gobiernos progresistas en la región. ¿Acaso éste no es un arquetipo de Frankenstein para la democracia en América?
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (15), que galvanizaron el golpe de Estado, continúan señoreándose y administrando justicia para los suyos y encarcelando a las y los insubordinados en el país. Expulsaron del sistema judicial a jueces que denunciaron la criminalidad de la ruptura del orden constitucional y blindaron judicialmente, de cualquier intento de destitución, al Fiscal General que promovió el golpe. Hicieron la pantomima de juzgar a Manuel Zelaya, por supuestos actos de corrupción, sólo para amedrentarlo. ¡Esta es la justicia que la OEA respalda con su última resolución!
Los políticos que legalizaron el golpe, siguen redactando leyes perversas, en 15 minutos, en el Congreso Nacional. Desde la perspectiva de los interese de empresarios privados, el golpe de Estado tuvo por finalidad legalizar la transferencia rápida a manos privadas de los bienes del país (recursos naturales) Durante el golpe se aprobó la Ley General de Agua (que mercantiliza el agua). Las y los legisladores, en estos dos años del quiebre constitucional, se constituyeron en simples tramitadores de concesiones de ríos, playas, suelos y bosques a manos privadas. ¿Acaso estos actos no son delitos de lesa humanidad?
Se negociaron leyes como la de Plan de Nación y Visión de País (hasta 2038), Ley de inversión Pública Privada (por la que el Estado pierde y los privados ganan), Ley Antiterrorista (que criminaliza la protesta social), Ley de Promoción de Empleo por Horas (que sepulta las 8 horas de trabajo). Derogaron el Decreto 18-2000 que redistribuía tierras a campesinos sin tierra. Ahora, luego de haber reglamentado el reparto de las ciudades modelo, negocian la Ley de Minería, siempre en 15 minutos y a espaldas del pueblo. ¿Es esto democracia para la OEA?
El Gral. Romeo Vásquez V., autor material e intelectual del golpe, fue y es premiado con el cargo de gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. La Marina Mercante y Migraciones son premios entregados a militares que ejecutaron el golpe. René Osorio, militar que encabezó al pelotón de armados que irrumpió en la casa presidencial el 28 de junio de 2009, ahora, es el Jefe de las FFAA de Honduras.
La persecución, seguida de tortura y asesinato, es una política de Estado vigente en el régimen actual. En estos momentos persiguen con una querella al Obispo Luis A. Santos sólo porque se opuso al golpe de Estado y al régimen de la muerte instaurado en Honduras, país en la que cada 43 minutos cae una persona acribillada a bala.
En este contexto, la OEA, con su última resolución, no sólo legitima a los autores del golpe de Estado premiados en Honduras, sino que justifica el retroceso de más de un siglo en materia de derechos humanos en el país, y la reincorporación del golpe de Estado en la democracia latinoamericana del siglo XXI. Los gobiernos del continente que permiten el retorno de Honduras al seno de la OEA, en las condiciones actuales, cavan su propia tumba (y la de sus sucesores) en la que sus tiranos, más temprano que tarde, los enterrarán.
Foto: Internet

23 de noviembre de 2009

El golpe de Estado en Honduras suma 127 violaciones a la libertad de expresión


Robson Braga (Adital*)
Lunes 23 de Noviembre de 2009

Honduras contabiliza 127 casos de violaciones del derecho a la libre expresión y del acceso a la información desde el 28 de junio, cuando el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue depuesto y expulsado del país. Este dato fue divulgado hoy por el Comité por la Libre Expresión (CLibre) y por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF). A pesar de contrariar artículos constitucionales, las medidas tuvieron como base un decreto del presidente provisorio, Roberto Micheletti.

Entre las violaciones, aparece el cierre de medios de comunicación, la cancelación y censura de programas, azote, persecución, lanzamiento de explosivos, agresiones contra periodistas, detenciones ilegales, obstrucción de operaciones y despido de comunicadores.

Según las dos entidades, en sólo 22 días se cerraron ocho medios de comunicación: la Radio Globo; la Radio La Catracha; el canal de televisión 36 "Cholusat"; la Radio Progreso; la Radio Estéreo 1; la televisión de Aguan, Canal 5; el Canal 8; y el diario Poder Ciudadano. La mayoría de ellos a través de la militarización del edificio o de la confiscación de material de trabajo.

El gobierno provisorio canceló además seis programas radiofónicos: el "Hable como Habla" del Canal 66; el "Voces contra el olvido", de Radio América; "En la Plaza", de Radio Católica; "Aquí entre Chonas", el "Tiempo de Hablar" y "La Bullaranga", los tres de la RCV. Los dos últimos eran claramente contrarios al gobierno provisorio de Roberto Micheletti.

El informe además contabiliza 31 lesiones de profesionales de la comunicación, catorce de la prensa escrita, catorce de televisión, dos de medios alternativos y uno de radio. "Un importante porcentaje de las lesiones fueron realizadas por la fuerza pública, que reprime a la prensa independiente para impedir la publicación de imágenes sobre su acción represora", afirma la nota.

También se registraron trece detenciones de comunicadores, once de medios televisivos, "lo que refleja la intención de censurar las imágenes que podrían dar fiel testimonio del uso excesivo e innecesario de la fuerza", dice el informe.

También hay 22 denuncias de obstrucciones a la actividad de medios de comunicación, como el corte de energía eléctrica, interferencia y suspensión de la señal radioeléctrica y televisiva y el sabotaje con descargas de alto voltaje de energía eléctrica para dañar equipamientos.

A esta altura se registran ocho amenazas de muerte contra comunicadores, dos persecuciones, una amenaza de proceso jurídico, tres de detención, dos de cierre de medios de comunicación, dos de cancelación de publicidad, una invasión y un robo a la sede de un medio de comunicación.

El CLibre y la FDsF criticaron la poca actuación de órganos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Promotoría Especial de Derechos Humanos y la Promotoría Especial de Defensa de la Constitución. Para los dos organismos, las respuestas de las tres instituciones "no fue congruente con la gravedad de los hechos".

Las violaciones al derecho de expresión se acentuaron después de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCMM0162009, de Roberto Micheletti. Responsable de la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión, la medida confrontó el artículo 73 de la Constitución Federal, el artículo 4 de la Ley de Emisión del Pensamiento, además de tratados internacionales.

*Traducción: Daniel Barrantes


Pablo Felipe  Pérez Goyry

Freelance: Writer - Journalistic Analyst - Photographer Design Editor - CEO - Chemical Industrial & Analyst

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