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©Pablo Felipe Pérez Goyry

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24 de noviembre de 2009

Frontera Sur de México: un camino de dolor


Por Beatriz Díez Hernando
24 de noviembre 2009

Las organizaciones ALOP y Enlace han presentado "Sur, inicio de un camino", un informe sobre la situación de los migrantes en la Frontera sur de México en el que se denuncian graves violaciones a los derechos humanos.


El informe “Sur, inicio de un camino” es un documento extenso y exhaustivo, que presenta una realidad a menudo ignorada o desconocida: la de las y los trabajadores que emigran desde Centroamérica hacia Estados Unidos o hacia el propio México y que son víctima de graves abusos laborales y personales.


El Sur también existe
La Frontera norte de México acapara una gran atención por parte de los medios, de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional. Tanto es así, que la realidad que se vive en la Frontera sur del país a menudo se eclipsa o recibe poca atención. La investigadora Ana Elena Barrios, de Enlace-Equipo Comitán, explica a Radio Nederland que esa es precisamente la razón por la que decidieron realizar esta investigación a fondo.


“Cuando se habla generalmente en México de migración, se suele hablar de la Frontera norte, que es la noción inmediata y en términos de la exigencia que le hacen los mexicanos al gobierno de Estados Unidos para el respeto de sus derechos”, dice Barrios. “Sin embargo, se suele ignorar que México es un país muy importante de tránsito y destino de migrantes, de personas centroamericanas que cruzan y llegan al sur de México a trabajar”, añade.

Una mirada humana

Ante este panorama, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP, y la organización Enlace decidieron explorar esta situación, por la gravedad de los abusos y las violaciones que se cometen contra los derechos de los migrantes que se encuentran en esta frontera.


El documento que ahora se presenta es fruto de un trabajo de mucho tiempo, y contiene testimonios personales que aportan una mirada humana sobre esta compleja problemática. El informe recoge la triple condición de la Frontera sur como punto de origen-retorno, zona de tránsito o lugar de destino de trabajadoras y trabajadores migrantes.

La investigadora Ana Elena Barrios subraya que la idea de presentar la historia personal de los migrantes estaba presente desde un principio. “No somos academia”, señala Barrios, “entonces siempre desde el principio se expresa y se aclara que la idea no es la realización de un documento académico; más allá es poder expresar la realidad de los migrantes, la realidad de abuso, y nos han parecido tan importantes las visitas de campo precisamente por el poder darle palabra a estas personas que son tan víctimas de abuso”.

Robos, secuestros, violaciones
Los abusos que se presentan en el informe tienen que ver con atropellos a los derechos laborales de los migrantes, pero también con ataques a la seguridad personal de estos trabajadores y trabajadoras. En este sentido, las mujeres son las víctimas más vulnerables, en un escenario donde los secuestros y las violaciones sexuales están a la orden del día.


Según se denuncia en el informe, las personas que pasan por el tramo entre Tapachula y Arriaga en tránsito corren el peligro de ser extorsionadas, robadas o violadas por grupos criminales. Más allá de este punto, después de Arriaga, se dan más casos de secuestros. Es todo un funcionamiento sumamente complejo y bien organizado de varios grupos, en donde participan también personas infiltradas en la zona que se dedican a observar y a escuchar a los migrantes, para saber quiénes de ellos tienen familia en los Estados Unidos, y quiénes pueden tener dinero.

La investigadora del Equipo de Enlace en Comitán asegura que las autoridades están al tanto de esta situación, y recuerda que existe un informe dedicado exclusivamente a la realidad de los secuestros de migrantes centroamericanos en la Frontera sur.

Lucha contra el crimen
El gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón ha emprendido toda una batalla contra el crimen, pero aquí también es el norte el que recibe más atención y más recursos.


Ana Elena Barrios sostiene que “el discurso del presidente actual es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado; sin embargo, se sabe que la política migratoria que el gobierno aplica para el sur de México es un espejo de las exigencias del norte, de EE.UU.”. La historia de esta política migratoria forma también parte del informe “Sur, inicio de un camino”. Esta política tiene como objetivo, dice Barrios, convertir a la frontera sur en un “muro de contención” de los migrantes.


Vulnerabilidad de las mujeres
A la ya delicada condición de migrante sin documentos, se suma en muchas ocasiones el hecho de ser indígena o ser mujer como agravante a una situación que ya de por sí es complicada.


Ana Elena Barrios subraya que las mujeres son las más vulnerables en este contexto y comenta cómo muchas de las mujeres migrantes se auto inyectan métodos anticonceptivos porque saben que corren peligro de ser violadas.

Además, las menores son a menudo víctimas de redes de tráfico de personas. “Hay redes muy grandes, muy importantes y muy bien organizadas”, denuncia Barrios, “que se dedican a la trata de personas y estas son, sobre todo, menores centroamericanas. En el informe se da un dato: solamente en Tapachula son más de 10.000 las mujeres víctimas de explotación sexual y el 98% de ellas tienen entre 15 y 17 años. Es una situación muy dura”. [Escuche la entrevista a Ana Elena Barrios, investigadora de la sede de Enlace en Comitán, Chiapas]
Foto: El Universal. México.GDA

23 de noviembre de 2009

El golpe de Estado en Honduras suma 127 violaciones a la libertad de expresión


Robson Braga (Adital*)
Lunes 23 de Noviembre de 2009

Honduras contabiliza 127 casos de violaciones del derecho a la libre expresión y del acceso a la información desde el 28 de junio, cuando el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue depuesto y expulsado del país. Este dato fue divulgado hoy por el Comité por la Libre Expresión (CLibre) y por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF). A pesar de contrariar artículos constitucionales, las medidas tuvieron como base un decreto del presidente provisorio, Roberto Micheletti.

Entre las violaciones, aparece el cierre de medios de comunicación, la cancelación y censura de programas, azote, persecución, lanzamiento de explosivos, agresiones contra periodistas, detenciones ilegales, obstrucción de operaciones y despido de comunicadores.

Según las dos entidades, en sólo 22 días se cerraron ocho medios de comunicación: la Radio Globo; la Radio La Catracha; el canal de televisión 36 "Cholusat"; la Radio Progreso; la Radio Estéreo 1; la televisión de Aguan, Canal 5; el Canal 8; y el diario Poder Ciudadano. La mayoría de ellos a través de la militarización del edificio o de la confiscación de material de trabajo.

El gobierno provisorio canceló además seis programas radiofónicos: el "Hable como Habla" del Canal 66; el "Voces contra el olvido", de Radio América; "En la Plaza", de Radio Católica; "Aquí entre Chonas", el "Tiempo de Hablar" y "La Bullaranga", los tres de la RCV. Los dos últimos eran claramente contrarios al gobierno provisorio de Roberto Micheletti.

El informe además contabiliza 31 lesiones de profesionales de la comunicación, catorce de la prensa escrita, catorce de televisión, dos de medios alternativos y uno de radio. "Un importante porcentaje de las lesiones fueron realizadas por la fuerza pública, que reprime a la prensa independiente para impedir la publicación de imágenes sobre su acción represora", afirma la nota.

También se registraron trece detenciones de comunicadores, once de medios televisivos, "lo que refleja la intención de censurar las imágenes que podrían dar fiel testimonio del uso excesivo e innecesario de la fuerza", dice el informe.

También hay 22 denuncias de obstrucciones a la actividad de medios de comunicación, como el corte de energía eléctrica, interferencia y suspensión de la señal radioeléctrica y televisiva y el sabotaje con descargas de alto voltaje de energía eléctrica para dañar equipamientos.

A esta altura se registran ocho amenazas de muerte contra comunicadores, dos persecuciones, una amenaza de proceso jurídico, tres de detención, dos de cierre de medios de comunicación, dos de cancelación de publicidad, una invasión y un robo a la sede de un medio de comunicación.

El CLibre y la FDsF criticaron la poca actuación de órganos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Promotoría Especial de Derechos Humanos y la Promotoría Especial de Defensa de la Constitución. Para los dos organismos, las respuestas de las tres instituciones "no fue congruente con la gravedad de los hechos".

Las violaciones al derecho de expresión se acentuaron después de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCMM0162009, de Roberto Micheletti. Responsable de la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión, la medida confrontó el artículo 73 de la Constitución Federal, el artículo 4 de la Ley de Emisión del Pensamiento, además de tratados internacionales.

*Traducción: Daniel Barrantes


Pablo Felipe  Pérez Goyry

Freelance: Writer - Journalistic Analyst - Photographer Design Editor - CEO - Chemical Industrial & Analyst

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