Robson Braga (Adital*)
Lunes 23 de Noviembre de 2009
Honduras contabiliza 127 casos de violaciones del derecho a la libre expresión y del acceso a la información desde el 28 de junio, cuando el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue depuesto y expulsado del país. Este dato fue divulgado hoy por el Comité por la Libre Expresión (CLibre) y por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF). A pesar de contrariar artículos constitucionales, las medidas tuvieron como base un decreto del presidente provisorio, Roberto Micheletti.
Entre las violaciones, aparece el cierre de medios de comunicación, la cancelación y censura de programas, azote, persecución, lanzamiento de explosivos, agresiones contra periodistas, detenciones ilegales, obstrucción de operaciones y despido de comunicadores.
Según las dos entidades, en sólo 22 días se cerraron ocho medios de comunicación: la Radio Globo; la Radio La Catracha; el canal de televisión 36 "Cholusat"; la Radio Progreso; la Radio Estéreo 1; la televisión de Aguan, Canal 5; el Canal 8; y el diario Poder Ciudadano. La mayoría de ellos a través de la militarización del edificio o de la confiscación de material de trabajo.
El gobierno provisorio canceló además seis programas radiofónicos: el "Hable como Habla" del Canal 66; el "Voces contra el olvido", de Radio América; "En la Plaza", de Radio Católica; "Aquí entre Chonas", el "Tiempo de Hablar" y "La Bullaranga", los tres de la RCV. Los dos últimos eran claramente contrarios al gobierno provisorio de Roberto Micheletti.
El informe además contabiliza 31 lesiones de profesionales de la comunicación, catorce de la prensa escrita, catorce de televisión, dos de medios alternativos y uno de radio. "Un importante porcentaje de las lesiones fueron realizadas por la fuerza pública, que reprime a la prensa independiente para impedir la publicación de imágenes sobre su acción represora", afirma la nota.
También se registraron trece detenciones de comunicadores, once de medios televisivos, "lo que refleja la intención de censurar las imágenes que podrían dar fiel testimonio del uso excesivo e innecesario de la fuerza", dice el informe.
También hay 22 denuncias de obstrucciones a la actividad de medios de comunicación, como el corte de energía eléctrica, interferencia y suspensión de la señal radioeléctrica y televisiva y el sabotaje con descargas de alto voltaje de energía eléctrica para dañar equipamientos.
A esta altura se registran ocho amenazas de muerte contra comunicadores, dos persecuciones, una amenaza de proceso jurídico, tres de detención, dos de cierre de medios de comunicación, dos de cancelación de publicidad, una invasión y un robo a la sede de un medio de comunicación.
El CLibre y la FDsF criticaron la poca actuación de órganos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Promotoría Especial de Derechos Humanos y la Promotoría Especial de Defensa de la Constitución. Para los dos organismos, las respuestas de las tres instituciones "no fue congruente con la gravedad de los hechos".
Las violaciones al derecho de expresión se acentuaron después de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCMM0162009, de Roberto Micheletti. Responsable de la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión, la medida confrontó el artículo 73 de la Constitución Federal, el artículo 4 de la Ley de Emisión del Pensamiento, además de tratados internacionales.
*Traducción: Daniel Barrantes
