La Corte Constitucional le dio la estocada final a la Ley de referendo, que buscaba indagar a la ciudadanía sobre la viabilidad de que el jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, se presentara a las elecciones presidenciales de 2010.
La mayoría de los magistrados aprobó la ponencia negativa del magistrado sustanciador, Humberto Sierra Porto, y coincidió en la declaratoria de inexequibilidad propuesta por el alto funcionario desde el tres de febrero pasado.
Para quienes apoyaron esta postura, hubo varios vicios de trámite que no tienen el mérito de ser subsanables, como alguna vez lo sugirió el procurador General, Alejandro Ordóñez, por cuanto coincidieron en su inexequibilidad.
Las irregularidades empezaron a producirse casi desde la gestación de la iniciativa, pues la Corte concluyó que las violaciones a los topes de financiación y la aprobación del proyecto en la Cámara, sin contar con la debida certificación de las autoridades electorales, engendraron la debacle para la Ley.
Adicionalmente, la convocatoria a extras en la sesión plenaria de Cámara donde fue aprobado el proyecto, sin previo aviso en el Diario Oficial y fuera de la etapa de receso, mas el cambio de la pregunta en el Senado y el cambio de partido de congresistas sancionados para poder respaldarlo, terminaron de tejer su fatal desenlace.
Con la sentencia de inconstitucionalidad, se cierra un capítulo de tensiones políticas y de rumores en todos los sentidos, tratando de interpretar el sentir de los magistrados, que sorprendieron a muchos sectores de opinión desde los que se cuestionaba la independencia de la colegiatura, por la cercanía de algunos de sus integrantes con el Gobierno.
Incluso, se llegó a decir que el hecho de que toda la Corte hubiera sido elegida a partir de las preselecciones efectuadas por el Ejecutivo, marcaría el rumbo del referendo, por la supuesta lealtad que los altos juristas le debían guardar al presidente Uribe.
De ahí que el actual presidente del Tribunal, Mauricio González Cuervo, hubiera sido objeto de recusaciones, luego de haber fungido como Viceministro de Justicia y como Secretario Jurídico de Presidencia.
La presencia de Edmundo del Castillo y la candidata a Fiscal, Margarita Cabello en el despacho del magistrado Nilson Pinilla, a poco más de 24 horas de la decisión final, no dejaron de sumar a ese clima de desconfianza y especulaciones, al que se pudo fin con la publicación del fallo.
Siete sesiones plenarias bastaron para que la Corporación terminara de examinar el documento de más de 430 páginas, radicado por Sierra hace tres semanas ante sus ocho compañeros de Sala, que optaron por seguir la pauta por él marcada en su ponencia. Se necesitaron de tres Salas Plenas ordinarias y cuatro extraordinarias, sobrando la quinta convocada para este sábado en la Corte Constitucional.
Al margen de los intereses de unos y otros en este fallido proyecto, lo cierto es que, desde este viernes, quedó completamente despejado el panorama político del país de cara a las elecciones de 2010 y corresponderá a cada candidato y sus coequiperos escribir el desenlace de la historia.
Los magistrados de la Corte Constitucional tienen una responsabilidad histórica. Arriba de izquierda a derecha: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Humberto Antonio Sierra Porto, Jorge Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica, Mauricio González Cuervo. Abajo de izquierda a derecha: Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Luis Ernesto Vargas Silva.
Semana.com Portada Edición no. 1428 Sábado 12 Septiembre 2009
Aumentan simultáneamente el apoyo popular a la reelección y el rechazo del establecimiento a la misma. ¿Cómo enfrentará la Corte este dilema?
La viabilidad de una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe es quizá la decisión más importante que tome una alta Corte en más de un siglo. Sobre todo porque la Corte Constitucional enfrenta un gran dilema. Por un lado, un aumento en el apoyo popular de la reelección y, por el otro, un aumento en el rechazo del establecimiento ante la posibilidad de que Uribe repita una tercera vez.
Mientras en las últimas encuestas el apoyo a la gestión del Presidente subió de 71 a 74 por ciento y el 50 por ciento votaría a favor de reelegir al Presidente, crecientes sectores de la academia, los medios, los gremios, los empresarios, las ONG, la Iglesia -y hasta sectores de los estrato 5 y 6 que lo idolatraban-, han expresado los peligros que significa para la democracia que un hombre se perpetúe en el poder.
Así, mientras las mayorías claman espontáneamente a su líder y le dan una enorme legitimidad popular, la mayoría de la clase dirigente enarbola cada vez con más fuerza la defensa de las instituciones y la necesidad de alternar el poder.
Es, sin duda, una 'papa caliente' para la Corte Constitucional, donde habrá inevitablemente consideraciones de grueso calibre jurídico y de buenas dosis de filosofía política.
Paradójicamente, las numerosas irregularidades que han sido denunciadas a lo largo del trámite del referendo son por lo general sobre asuntos de forma. En este tortuoso camino, la lista de los posibles vicios de forma es larga: violación de los topes, donaciones en especie no registradas, sesiones extra irregulares convocadas por el Congreso, violación del principio de consecutividad, ilegalidad en la manera como los congresistas cambiaron la pregunta de origen popular, entre muchos otros. Sobre estos vicios, la Corte puede pronunciarse aunque a los reeleccionistas -y a la mayoría de los colombianos, por lo visto- no les parezca demasiado grave.
Sin embargo, las verdaderas amenazas que el referendo representa para la democracia son sobre asuntos de fondo. Lo que está en juego no son sólo la estabilidad de las instituciones, la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Se trata, en el fondo, de que existe la posibilidad de que se estén socavando los pilares de la democracia colombiana. En particular, también está de por medio si ese concepto de mayorías tiene límites o si es automáticamente suficiente para alterar el conjunto de principios que han regido el país a lo largo de su historia. "La violación de la estructura básica de la Constitución es inconstitucional. Porque hay un conjunto de valores centrales en la Constitución que no se pueden tocar", afirmó en El Tiempo el ex ministro y constitucionalista Humberto de la Calle.
La realidad es que hay tantas irregularidades de forma que no le parecen graves a la mayoría de los reeleccionistas, y tantas implicaciones institucionales que les parecen gravísimas a las minorías antirreleeccionistas, que la Corte se encuentra en un sándwich entre esos dos extremos.
Por lo pronto, el futuro de la democracia colombiana está en manos de estos magistrados que pueden fallar en cualquier sentido, pues existen argumentos que pueden ser convincentes para cada una de las dos interpretaciones.
La Corte, en su decisión final, tendrá que partir de la base de dos premisas: primero, que la mayoría de los colombianos quiere la reelección de Álvaro Uribe. Y segundo, que la forma como el Presidente está buscando perpetuarse, mal que bien, se ajusta a la normatividad jurídica vigente.
Por lo tanto, lo que hay que determinar no es si hay un golpe de Estado constitucional, pues no lo habría si se surten los pasos que dicen las normas, sino si se está corriendo demasiado la cerca en materia institucional. Es decir, que por la vía de la legalidad, se estarían afectando los principios básicos de la Constitución y de la democracia colombiana.
Sobre este tema ha corrido mucha tinta en los últimos meses. La mayoría ha sido de expresiones de oposición a que se perpetúe una persona en el poder o a críticas personales contra el Presidente. En la avalancha de protestas hay toda suerte de fuegos artificiales: la dialéctica efectista de los columnistas de opinión, las voces académicas e intelectuales que no salen de su burbuja, las declaraciones efímeras de la Iglesia, las palabras de los gremios que se las lleva el viento, y el inconformismo silencioso y táctico de muchos empresarios. Pero detrás de todo este cuadro de angustia y preocupación sobre el impacto de la reelección en la estabilidad del país, ha habido más convicción que argumentación.
Sin embargo, en medio del mar de escritos que ha nutrido el debate sobre el tema hay algunos aportes conceptuales de sustancia que vale la pena registrar.
El primero es el del historiador Jorge Orlando Melo, quien desde una perspectiva histórica mostró que cuando en Colombia las mayorías han decidido a través de fórmulas plebiscitarias cambiar las reglas del juego sin consentimiento de las minorías, esas experiencias han desembocado en guerras o períodos de alta turbulencia política.
Esto llevó a la dictadura de Simón Bolívar en nombre del pueblo, y ocurrió en 1859 y 1898 cuando el Congreso expidió leyes electorales que favorecían al gobierno de turno y que, en ambos casos, terminaron en guerra civil. Para Melo, sólo la reforma de 1910, que dio derechos limitados a las minorías, generó una época de cierta tranquilidad política. Por esa razón, en Estados Unidos, la Constitución no se puede cambiar sin que lo apruebe la minoría. "Esta idea de que la mayoría tiene el derecho a decidir sola las reglas del juego produce, como es lógico, inestabilidad y caos. Cambiar las reglas a mitad de partido, cuando conviene a la mayoría, es contra la lógica de una democracia madura. En Colombia se ha hecho muchas veces y los resultados han sido siempre malos", dice el historiador Melo.
Otro argumento que ha sobresalido en medio de la artillería antirreleecionista es el del ex ministro Juan Camilo Restrepo cuando advierte que no se está frente a un referendo, sino frente a un plebiscito. Un referendo es una pregunta que se le hace a la sociedad sobre un tema para que esta decida qué hacer. Por ejemplo, si los violadores de menores merecen cadena perpetua o si las parejas de homosexuales pueden adoptar o no. Lo hacen con frecuencia los países europeos. En cambio, el plebiscito "suele ser sobre las personas, sobre el deseo ciudadano de que determinada persona permanezca o no en el poder (...) y nuestra Constitución permite los referendos, pero no los plebiscitos". Para Restrepo, el gobierno está metiendo gato por liebre.
"Con el referendo reeleccionista se les está dando una burda transmutación a los dos conceptos: lo que en el fondo y en realidad es un plebiscito se envuelve ahora en el atractivo papel celofán de los referendos y del Estado de opinión", escribió Restrepo en Portafolio. Este es un punto central para que la Corte decida si se trata realmente de un referendo o si es, más bien, un "plebiscito disfrazado".
Un tercer argumento va al corazón del poder legislativo en su facultad para afectar la Constitución y lo plantea el investigador y columnista de El Espectador Mauricio García, cuando señala que si bien el Congreso puede reformar la Constitución, no puede sustituirla. Y con la aprobación del referendo se sustituye, ya que la segunda reelección de Uribe acaba con los controles institucionales y con la alternación política que son, para García, los dos elementos esenciales de la Constitución. "Uno de los principios esenciales del derecho moderno es que las normas son generales y abstractas. No están hechas para fulanos de tal como sucedía en las monarquías o como sucede en los regímenes clientelistas. Pero en Colombia el referendo está hecho para ambas cosas, para beneficiar al fulano que nos gobierna y para otorgarles favores a quienes lo apoyan", escribió García en su columna.
Pero para algunos sectores del establecimiento, la democracia está tan lesionada, que la prioridad ya no es defenderla sino restaurarla. Eso cree la columnista de El Tiempo Claudia López, cuando afirma que con la primera reelección -y ahora con la segunda- se le ha dado un golpe mortal a la institucionalidad que existía en el país y que había sido clave para enfrentar los flagelos de la violencia y el narcotráfico.
Lo que tiene indignados a muchos en la clase dirigente y la intelectualidad es que se estén cambiando las reglas y amañando el Estado para una persona, algo que va en contravía de la cultura política y de la tradición constitucional del país. Lo expresó de una manera dura y franca la columnista Cristina de la Torre cuando escribió hace unos días: "Uribe halaga la soberanía popular, los voticos, y los envuelve en miel para feriar, de golpe, 200 años de una democracia en construcción".
Esa frase, por violenta que parezca, hace eco de un sentimiento que tienen algunos sectores de la clase dirigente, o lo que se podría llamar la intelligentsia colombiana, de que el Presidente está manejando al país como si fuera su finca. Las instituciones de una nación son un patrimonio colectivo que ha tomado siglos en ser edificado. El poder en la democracia, por otra parte, es prestado y transitorio. Álvaro Uribe parece estar desconociendo estos dos principios. Y no deja de sorprender que una persona tan seria y tan digna como él lo haga. Porque llevarse por delante las tradiciones y las instituciones de un país en la forma como lo está haciendo no es ni serio ni digno.
Además ningún país serio, ni ninguna democracia madura, ni ninguna sociedad civilizada tiene leyes que se confeccionan para una sola persona. Y eso, increíble como parezca, está sucediendo en Colombia.
Frente al peso histórico de una tradición democrática, pero al mismo tiempo frente a la presión inevitable de unas mayorías que tienen una expresión política, la Corte Constitucional no la va a tener fácil. Es tal el desafío, que cada magistrado tendrá en sus manos una parte del destino de la Nación.
Sin embargo, los mayores problemas que enfrenta la Corte no son ninguno de los conceptos jurídicos expresados por terceros hasta ahora, sino los expresados por la propia Corte cuando sentó jurisprudencia al aprobar la primera reelección. En esa oportunidad, la Corporación anterior dictaminó de manera taxativa que ninguna persona podría ser elegida más de dos veces Presidente de Colombia. Para que este tercer período sea posible, sería necesario que ese organismo constitucional cambiara radicalmente ese criterio, yendo en contravía de lo que conceptuó hace cuatro años.
Puede que esto suceda. Esto querría decir que si el primer mandatario ya resolvió su encrucijada al decidir quedarse en el poder, empieza ahora la encrucijada de la Corte, que tendrá que decidir si se lo permite.
Opiniones:
Cardenal Pedro Rubiano Sáenz: Le sugiero al Presidente Uribe un descanso. Hay que dar la oportunidad a otros para gobernar, es parte de la democracia.
Marta Lucía Ramírez: Soy una fiel defensora del proyecto político del presidente Uribe. Sin embargo, desde hace dos años, manifesté que era inconveniente para la democracia una nueva reelección.
Humberto de la Calle: Lo que hay en juego es un problema sobre la concepción de la democracia. Yo pertenezco a quienes creen que no basta usar las mayorías para que un esquema sea democrático.
Enrique Peñalosa: Les hace un daño grave a las instituciones. Si Uribe sigue en el poder 4 años más, los jóvenes que tengan 18 ó 20 años hacia 2014, no van a haber conocido a ningún otro gobernante distinto a él, como si hubieran vivido bajo un rey.
Mauricio García Villegas: La norma del referendo está hecha para el presidente de turno y eso, en cualquier país serio, es un escándalo.
Fernando Londoño Hoyos: Soy enemigo de la reelección del Presidente. Creo que ocho años son suficientes. Una reelección lo pone a competir con Chávez y Correa. El es un demócrata transparente y muy importante como para ponerse a competir con estos dictadorzuelos de pacotilla.
Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
El pueblo tiene la capacidad mediante el referendo de transformar la Constitución pero no de sustituirla, sentenció el tribunal.
