La Corte Constitucional de Colombia estudiará una ponencia que se opone a la convocatoria a un referendo para que el presidente Alvaro Uribe pueda optar por una segunda reelección, según el texto elaborado por el magistrado Humberto Sierra, reportó la prensa este jueves.
La Corte Constitucional de Colombia estudiará una ponencia que se opone a la convocatoria a un referendo para que el presidente Alvaro Uribe pueda optar por una segunda reelección, según el texto elaborado por el magistrado Humberto Sierra, reportó la prensa este jueves.
Sierra propuso a sus otros ocho colegas que conforman la Corte Constitucional rechazar la ley que el Congreso aprobó en septiembre del año pasado para convocar un referendo que modifique la Constitución, que hasta ahora impide una segunda reelección presidencial.
De acuerdo con coincidentes versiones de prensa, Sierra sustenta su posición en contra de la ley del referendo en vicios de trámite en que se habría incurrido, tanto para presentar la propuesta al Congreso como para su aprobación en el legislativo.
El magistrado señala que los impulsores de la convocatoria del referendo sobrepasaron los topes legales financieros establecidos para llevar la iniciativa al Congreso.
Sierra alega también en su ponencia que el trámite del proyecto de ley en el Congreso fue irregular, pues su estudio y aprobación se realizó sin el concepto previo del ente electoral, refirió la prensa.
Además, a último momento varios congresistas cambiaron de partido político para votar a favor del referendo, contrariando la posición en contra de sus colectividades políticas.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, se abstuvo de confirmar o negar estas versiones, al señalar que la normativa interna del tribunal obliga a mantener en secreto la ponencia del magistrado hasta que sea votada por los nueve miembros de la Corte.
La ponencia de Sierra puede ser acatada o rechazada por el tribunal, que dispone de un plazo máximo de 60 días para fallar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley.
Aunque la bancada oficialista fue la que impulsó la convocatoria del referendo en el Congreso, el presidente Uribe no se ha pronunciado hasta ahora públicamente sobre si aspira a un tercer mandato consecutivo para gobernar entre 2010 y 2014.
Uribe ya había conseguido en 2006 que el Congreso modificara la Constitución para presentarse a la reelección para un segundo periodo consecutivo.
La discusión en Colombia sobre la posible candidatura del presidente Álvaro Uribe a un tercer mandato parece eclipsar el conjunto de problemas y desafíos que sufre el país. En opinión de la senadora colombiana Piedad Córdoba, se trata de una estrategia mediática que, por el momento, le ha dado un gran resultado al mandatario colombiano. La candidatura del presidente colombiano Álvaro Uribe a un tercer mandato se torna cada vez más factible, una vez superado el escollo de la Cámara de Representantes, y a la espera de lo que digan el Tribunal Constitucional y el pueblo colombiano en consulta pública. La figura del mandatario colombiano se erige como una suerte de garante de la seguridad nacional y como único presidente capaz de enfrentar a la guerrilla. Sin embargo, algunos analistas consideran que la capacidad de Uribe de garantizar la seguridad y cosechar éxitos en su lucha contra el terrorismo ha tocado techo. La senadora colombiana del Partido Liberal, Piedad Córdoba, reflexiona en esta entrevista exclusiva concedida a Radio Nederland en Bogotá, sobre la actualidad política que vive su país. Según la senadora, el presidente Álvaro Uribe ha desarrollado de forma muy inteligente su estrategia mediática, con la que ha conseguido que se difuminen grandes retos a los que se enfrenta Colombia, como son la pobreza, el hambre, las carencias educativas y el drama de los refugiados internos. Córdoba, quien ha jugado un papel fundamental en el proceso de negociación para la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC, lamenta la campaña de exaltación de la figura de Uribe que, en su opinión, ha calado entre la opinión pública, y que hace que todos aquellos que defienden una salida negociada al conflicto colombiano aparezcan como parte de las FARC. “La historia dará cuenta de lo que ha pasado”, asegura Piedad Córdoba.
Análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia. Eduardo Márquez-FIP, Carlos Cortés-FLIP, Cesar Mauricio Velásquez-Secretario de Prensa, Presidencia de la República.
Análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia. Eduardo Márquez-FIP, Carlos Cortés-FLIP, Cesar Mauricio Velásquez-Secretario de Prensa, Presidencia de la República.
Análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia. Eduardo Márquez-FIP, Carlos Cortés-FLIP, César Mauricio Velásquez-Secretario de Prensa, Presidencia de la República.
Por los trámites que siguen, no parece que habrá tiempo para convocar al referendo reeleccionista con suficiente distancia de las elecciones presidenciales de mayo de 2010.
El enemigo de la reelección es el tiempo. Desde el punto de vista legal y logístico, que Uribe pueda presentarse a las elecciones de mayo de 2010 por la vía referendo, implicaría emprender una carrera prácticamente imposible de ganar.
El siguiente paso es la sanción presidencial. Luego, el control de constitucionalidad (revisión de la Corte Constitucional y concepto del Procurador) puede tardar hasta 140 días hábiles. Ese plazo es el máximo, y aunque hay quienes creen que se puede acortar, esta posibilidad no parece viable, pues es muy seguro que se entablen muchas demandas contra la iniciativa.
A este cálculo se suma el antecedente histórico: la Corte ha tardado como mínimo cinco meses revisando leyes semejantes.
Si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional tiene un período de vacaciones entre el 19 de diciembre y el 11 de enero, los 140 días hábiles de plazo se extienden hasta la semana del 19 de abril.
Siendo optimistas, la Corte podría emitir su fallo a mediados de marzo. Pero para ese momento todavía hará falta la preparación logística de la Registraduría para efectuar la convocatoria. Este proceso puede tardar como mínimo tres meses. Así, es muy improbable que la convocatoria se efectúe antes de las elecciones legislativas de marzo.
Pero el referendo tampoco estará aprobado con el tiempo necesario para brindarles garantías a los demás candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de mayo. Si se respeta la Ley de Garantías vigente, Uribe tendría que anunciar su candidatura a más tardar el30 de noviembre, pero este hecho ya no es ni siquiera una posibilidad.
Ver http://www.semana.com/noticias-politica/mision-imposible/123390.aspx
Es decir, al problema de los tiempos se suma otro problema: el de la legislación para garantizar una competencia justa. La Corte Constitucional seguramente también revisará el problema de las garantías que tienen los candidatos que competirán por la Presidencia y se pronunciará al respecto.
Estos son los procesos y los plazos de tiempo de cada uno para que el referendo sea convocado:
La sanción presidencial
Después de aprobado el informe de conciliación el Presidente cuenta con 15 días para firmar el proyecto y declararlo Ley. Sobre este punto hay discrepancias. Por ejemplo el representante Liberal, Germán Olano argumenta que un proyecto de referendo sólo puede ser sancionado hasta que la Corte Constitucional lo revise.
Sin embargo, el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dijo a Semana.com que “de acuerdo con la jurisprudencia vigente, que fue dictada en la revisión del referendo de 2003, un referendo primero debe ser sancionado por el Presidente y después sí pasa a revisión”.
Control constitucional
La Corte Constitucional deberá examinar la Ley que convoca a Referendo. Se radica en la Secretaría del Alto Tribunal y luego, a través de un sorteo, la Ley pasará a manos de un magistrado, quien será el encargado de su revisión. Para la asignación del magistrado, la Corte cuenta con 10 días.
La pruebas
Una vez el magistrado ponente tiene en sus manos la Ley, decreta las pruebas necesarias. Es decir, ordena que se recabe evidencia sobre cómo se surtió el trámite del proyecto durante su tránsito por el Congreso. Cuenta con 10 días hábiles para recaudar esas pruebas.
El concepto del Procurador
Luego, el magistrado ponente envía la Ley al Procurador para que emita un concepto sobre la convocatoria a Referendo. El Procurador tiene un máximo de 30 días hábiles para presentar esa opinión.
El fallo de la Corte
Une vez la Ley vuelve a las manos del magistrado que deberá hacer la ponencia, comienzan a contar 60 días hábiles como máximo para que la Sala Plena de la Corte declare exequible o inexequible la Ley que convoca a referendo.
En ese momento, la sala puede acogerse a una norma que le permite darle el carácter de urgencia a la Ley. Esa decisión no altera el término de tiempo que tiene para fallar, pero sí le permite darle prioridad a la discusión del referendo.
Convocatoria
Luego de que la Ley pase por el control constitucional, si sale bien librada, el Presidente deberá fijar la fecha para la convocatoria. El Registrador ha dicho que el trabajo logístico y de contratación del personal podría tardar entre 4 y 3 meses. El Registrador de la época, tardó 4 meses en organizar la convocatoria a referendo de 2003.
Obviamente sería muy difícil que apenas el Presidente anunciara su candidatura hasta fines de abril y que sólo entonces comiencen a regir la congelación de nómina, la restricción en apariciones de tv, y demás límites que podrían dar algún tipo de garantía a los otros competidores de que se enfrentarán a las elecciones sin privilegios.
Todos los candidatos estarían en una enorme desventaja sin tener acceso libre a todos los recursos del Estado.
Es obvio que estas cuentas ya las hizo el gobierno, y por eso no se entiende para qué hizo el esfuerzo oficial de voltear a suficientes Representantes a la Cámara a su favor. Salvo que tenga un Plan B, diferente a la convocatoria a un referendo...
Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
Con 85 a favor y cinco en contra, la Cámara de Representantes acabó con la incertidumbre, aprobó el proyecto y lo dejó ahora en manos de la Corte Constitucional para situarlo ad portas de llegar a las urnas.
El país por fin supo qué va a pasar con un posible nuevo mandato de Álvaro Uribe Vélez.
La Cámara de Representantes aprobó la conciliación del proyecto de referendo de reelección, pasó a sanción presidencial y lo dejó ahora en manos de la Corte Constitucional para que haga su revisión.
Aunque la jornada fue larga y maratónica, la corporación llegó a esta determinación gracias a que el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, mantuvo sus mayorías.
Con una votación de 85 a favor y cinco en contra, ahora será necesario saber a través del control constitucional si hubo algún vicio en el trámite del proyecto.
"Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo". Esta es la pregunta por la cual los ciudadanos votarán del referendo que se aprobó.
Al conocer la aprobación, la clase política reaccionó y algunos manifestaron su beneplácito mientras otros expresaron su malestar, ante el nuevo panorama político que se configuró para el país.
Según el presidente del Partido de La U, Luis Carlos Restrepo -colectividad que más apoyo el proyecto-, aseguró que la segunda reelección será una realidad positiva para Colombia porque se mantendrá la continuidad de la Seguridad Democrática.
Restrepo consideró que los colombianos sí darán el respaldo en las urnas al Presidente, y sufragarán a favor del referendo, al momento que deba decidir el pueblo.
Entre tanto, el principal opositor del referendo, el representante Germán Navas Talero, insistió en que la iniciativa popular en su tránsito en el Congreso tuvo varias faltas a la Constitución.
Para el congresista del Polo la falta del certificado de las cuentas de financiación que debía expedir el Consejo Nacional Electoral ha hecho que los legisladores que votaron la iniciativa prevaricaran y dejaran en evidencia varias falencias en su aprobación.
A su turno, el representante Nicolás Uribe explicó que este mecanismo que aprobó la Cámara no es inconstitucionalidad pues deja en manos de la ciudadanía el derecho de decidir el futuro político de su país.
Debatiendo las tesis uribistas, el representante David Luna aseguró que no es conveniente la nueva reelección porque el Congreso al aprobar la anterior le falto cumplir con la orden constitucional de legislar para volver a equilibrar las tres ramas del poder.
Sin embargo, aún siendo uribistas, los miembros de Cambio Radical, advirtieron su negativa al proyecto explicando el porqué. El representante Germán Varón Cotrino manifestó que "la objetividad de la Corte no está garantizada" para la revisión del proyecto porque con la primera reelección se transgredió el proceso normal de la democracia colombiana. Según él, los magistrados que han sido elegidos todos son de la línea del Presidente de la República.
Ahora lo que viene para el referendo es la sanción presidencial. Después la Corte Constitucional hace su revisión; si no es objetada vuelve a manos del Jefe de Estado quien debe expedir un decreto para convocar a un referendo. Con esto la Registraduría en un término de no más de 90 días debe llamar a dichas elecciones para que el pueblo decida.
Dentro de las cosas anecdóticas que quedarán para la historia está el hecho de que fueron miembros de la oposición, encabezados por el jefe liberal, César Gaviria, quienes cedieron y dejaron que se votara la iniciativa.
En una reunión en donde estuvieron presentes el ex presidente César Gaviria, representantes de Cambio y el Partido Liberal, y el presidente de la Cámara, Edgar Gómez, se acordó que se votara el proyecto.
Sin embargo, un congresista que pidió reserva de su nombre confirmó a Elespectador.com que el ex presiente César Gaviria dijo en el encuentro que "a pesar de la aprobación del proyecto a la reelección le faltan varios pasos para que sea una realidad (...) es necesaria la revisión de la Corte Constitucional y que en las calles el pueblo decida (...) esperamos que no sea necesario vencer este proyecto en las urnas".
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se ha contagiado del virus H1N1, responsable de la gripe A, ha informado el Gobierno colombiano en un comunicado emitido este domingo. El diagnóstico ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia.
Álvaro Uribe mostró los primeros síntomas de la gripe A el pasado viernes cuando regresaba de la localidad argentina de Bariloche, donde tuvo lugar la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), celebrada de urgencia para intentar mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela , desatada por el acuerdo entre Washington y Bogotá, que permite a Estados Unidos el uso de bases militares en suelo colombiano. Sin embargo, según las fuentes, el mandatario debió de adquirir la enfermedad días antes.
El sábado, un día después de la cumbre, los síntomas se agudizaron mientras presidía un consejo comunitario de Gobierno en la localidad de Puerto Carreño, en el este de Colombia, y tuvo que recibir atención médica.
Según la información oficial recogida en el comunicado de la Presidencia colombiana, Uribe se encuentra este domingo en su casa de descanso de Llano Grande, zona rural del municipio de Rionegro, cerca a Medellín, y su enfermedad está "controlada" y está siendo "atendido por expertos". Mientras se recupera, el presidente colombiano mantendrá sus funciones y permanecerá aislado un tiempo prudencial, informa Caracol Radio .
El presidente colombiano es el segundo jefe de Estado en contagiarse del virus H1N1, después de que el pasado día 12 se conociese la noticia de que Óscar Arias, presidente de Costa Rica y mediador en el conflicto surgido en Honduras a raíz del golpe de estado de Micheletti, había contraído la nueva gripe.
