Durante la Guerra de los Mil Días, el entonces obispo de Pasto, Ezequiel Moreno (hoy canonizado) dedicó sus homilías a atacar al Partido Liberal, al cual consideraba “anti-cristiano” y alentó a los fieles católicos a “defender su religión con rémingtons y machetes”.
Durante los 45 años de la “Hegemonía Conservadora”, el Arzobispo de Bogotá tenía una influencia arrolladora y determinante a la hora de “ungir” al candidato del conservatismo, quien, indefectiblemente, sería electo Presidente de la República.
Algunos otros obispos sobresalientes, siempre alineados con el Partido Conservador, azuzaron al pueblo a “aniquilar” a los liberales.
Siguiendo esa línea, el célebre obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Builes, llegó hasta el extremo de prohibir a sus sacerdotes absolver los pecados de los liberales.
En 1931 (meses después de cuando, por un error estratégico de Monseñor Ismael Perdomo, el conservatismo perdió el poder), Monseñor Builes, furibundo, escribiría en una pastoral: “Que el liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande insistencia. [...] Nada más erróneo, pues lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo”. Según esto, las doctrinas de Galileo, que fueron condenadas como “malas y heréticas” por la Iglesia Católica de su época (hasta el punto de que casi lo queman vivo, lo hicieron retractarse y, aún después de haberlo humillado lo dejaron prisionero de por vida), hoy en día seguirían siendo teorías de herejía y pecado, pues “lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo”.
En esta Semana Santa, el episcopado colombiano se ha unido para que en las multitudinarias celebraciones de cada una de las parroquias del país sean proclamadas prédicas en contra del derecho de los homosexuales a ser padres.
En el país donde vivo, Canadá, la Iglesia Católica gozó hasta hace cincuenta años de gran influencia en las decisiones gubernamentales que se tomaban en la provincia del Quebec, cuya población estaba constituida por una inmensa mayoría francófona (católica, sumida en la miseria y con familias de decenas de hijos) y una minoría anglófona (no católica, de alto nivel económico y con menos hijos).
Retablo Iglesia Notre Dam de Montreal-Canadá
Esta situación comenzó a cambiar en 1960, cuando, gracias a la llamada “Revolución Tranquila”, el pueblo francófono se dio cuenta de que, para lograr una reforma sustancial, tenía que dejar de obedecer al clero, aplicar la planificación familiar (por más que la condenaran los religiosos) y utilizar el derecho al voto para elegir a líderes que impulsaran la educación en las clases más pobres y llevaran a la sociedad hacia la equidad.
Hoy, en el Quebec, los templos están vacíos. Las diócesis han tenido que vender muchos de ellos, porque no tienen dinero para pagar la calefacción. Muchos se han convertido en bibliotecas, teatros ¡y hasta en restaurantes y discotecas! Los obispos perdieron su influencia.
Mientras tanto, el Estado se ha dedicado a exaltar al ser humano en su dignidad de ente “a imagen y semejanza de Dios”, pero con un enfoque muy distinto al de la Iglesia: la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y el castigo a la discriminación por raza o sexo se han convertido en la política que más enorgullece a este país. Los canadienses francófonos se convirtieron en uno de los pueblos mejor educados del mundo y desde hace decenios dejaron de ser pobres. A todas las personas se les garantiza la protección de los derechos fundamentales y un nivel de vida digno. La corrupción administrativa es mínima. En el rarísimo caso de que se presente un homicidio, los medios se ocupan del tema con la seriedad necesaria y le hacen seguimiento durante meses... y, por supuesto, se halla al culpable y este es condenado con todo rigor. Uno puede salir a la calle a cualquier hora, sin temor a ser atracado, secuestrado o asesinado... y, en las ciudades más pequeñas (incluyendo algunos barrios de metrópolis como Montreal), la gente no cierra con llave las casas ni los autos. ¡Ah! y ¡no es raro encontrar en las calles parejas del mismo sexo que pasean, muy normalmente, con sus hijos adoptados!
¿La “Sodoma y Gomorra” Canadá debería seguir el ejemplo de la bendecida y piadosa Colombia?
Con su pluma aparentemente sosegada (pero potencialmente incendiaria), pareciera como si el sacerdote en retiro Ernesto Ochoa Moreno quisiera revivir los tiempos en los cuales la Iglesia azuzaba a sus fieles contra el Partido Liberal. A pesar de la prudencia y sabiduría que exige la categoría vitalicia de “intermediario entre Dios y los hombres” que le ha concedido la ordenación sacerdotal (aunque su ministerio esté inactivo), Ochoa, en su columna del pasado sábado, publicada en El Colombiano, declara “maldita” la herencia que ha dejado a Colombia el general Francisco de Paula Santander, forjador de nuestra república.
Esta maldición afecta de paso al Partido Liberal y a sus dirigentes, que han tenido como inspiración y guía, durante más de 160 años, el pensamiento y la obra magnánima del general Santander.
Al comienzo de la citada columna, Ochoa maldice la corrupción que ha asolado a Colombia (cuya responsabilidad el columnista imputa a los seguidores de Santander), y, en el penúltimo párrafo del texto, maldice explícitamente al santanderismo como tal (mejor conocido en Colombia como el Liberalismo).
Al leer el sectarista artículo de Ochoa Moreno, lo primero que pensé fue que esta maldición suya a un significativo sector de la población colombiana no sólo era gravísima por venir de un líder de opinión, sino altamente peligrosa por haber sido emitida por un religioso, mucho más cuando en Colombia hemos sufrido ya dolorosos episodios causados por declaraciones como la que capta hoy nuestra atención. No podemos olvidar a algunos célebres obispos y a numerosos sacerdotes que, hasta hace medio siglo, condenaban “el pecado de ser liberal” y se abstenían de suministrar los sacramentos a los militantes del Liberalismo y a los hijos de estos. Eruditos historiadores señalan que esta actitud de la Iglesia fue uno de los principales factores para el desencadenamiento en nuestra patria de “La Violencia” partidista, que dejó más de 300.000 muertos y otros cientos de miles de desplazados.
Por lo demás, ¿no es, acaso, consciente Ochoa Moreno de lo que en el ámbito de la Catolicidad significa una “maldición de cura”?
Además de su ominoso fundamentalismo, al artículo de Ochoa debe criticársele la falta de rigor histórico. Dice, por ejemplo, que el fundador del Partido Conservador fue don Miguel Antonio Caro (cuando la verdad es que don Miguel Antonio era apenas un niño cuando ese partido fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro).
Según Ochoa Moreno, su condena a la figura y a las realizaciones de “el Hombre de las Leyes” tiene sustento en el libro “Santander”, que publicara el antioqueño Fernando González en tiempos del Gobierno el presidente Eduardo Santos, a quien González llamara despectivamente “indio”. Ignora Ochoa que, en la opinión de numerosos intelectuales, de la talla Rafael Gutiérrez Girardot, González no merece ser llamado filósofo y su obra está llena de incoherencias, trivialidades y contradicciones.
Las virulentas críticas de Fernando González contra los gobiernos no fueron ajenas a sus intereses personales. En tres oportunidades, sus furibundos vituperios contra nuestros gobernantes tuvieron que quedar en suspenso, cuando aceptó los altos cargos diplomáticos en Europa que le ofrecieron los partidos tradicionales. Y su paso de ser antibolivariano a seudodevoto de Bolívar y recalcitrante enemigo de Santander viene también de la venta de su pensamiento, en este caso al deseo de acercarse al sangriento dictador venezolano Juan Vicente Gómez y de obtener los favores de este. Como todos sabemos, Gómez manipuló la imagen de Bolívar tan mañosamente como lo ha hecho su álter ego, Hugo Chávez.
La abyección de González, según el cual Gómez era un segundo Bolívar, llegó hasta el extremo de haber publicado un libro entero de homenaje al dictador, quien pasara a la historia por sus asesinatos, torturas, encarcelamientos y ejecuciones sumarias de sus opositores y por el expolio al que sometió a Venezuela. ¡Y se atrevió luego Fernando González a escribir un panfleto para mancillar la memoria del general Santander, padre de nuestra democracia, ejemplo de justicia y de respeto por la ley y precursor del enfoque liberal de nuestra legislación! ¿Qué tal las bases ideológicas de Ochoa Moreno?
Como nuestro espacio es limitado, no podemos extendernos en evocar las ejecutorias monumentales de Santander, ni en desvirtuar las injurias que sobre él se han divulgado malintencionadamente. A quienes estén interesados en conocer la realidad acerca de las supuestas actitudes de Santander que critica Ochoa Moreno en su columna, los invito a consultar el libro “El gran calumniado”, en el cual Germán Riaño Cano despeja la leyenda negra de “el Hombre de las Leyes”. Este libro, que me fue recomendado por el historiador Rodrigo Llano Isaza, es herramienta fundamental para todo colombiano que quiera estar seguro de la probidad moral y de la lucidez de Santander, el primer gran precursor de la educación en Colombia, como me comentara hace unos meses el doctor Otto Morales Benítez.
Y valga la pena aclarar que, al defender a Santander, no pretendemos, en absoluto, demeritar a “el Libertador”. Talvez nuestros lectores recuerden el extenso artículo que, hace tres semanas, publicamos acerca de la gloria de Bolívar.
Cuando residía en Colombia, conocí, en las reuniones de la Sociedad Santanderista de Antioquia, a distinguidos seguidores de “el Hombre de las Leyes” que eran también fervorosos bolivarianos, y a otros apasionados por Santander, que, no obstante no ser bolivarianos, reconocían y exaltaban los méritos y el heroísmo de Bolívar. Logré, entonces, una mejor conceptualización histórica del período inicial de Colombia como república y comprendí que es vana la disputa radical entre santanderistas y bolivarianos y que hacen mal quienes, como Ernesto Ochoa Moreno, pretenden reanimar el odio entre liberales y conservadores.
La incertidumbre es el signo de la reñida competencia por la presidencia de Colombia que entró en su etapa decisiva. Mucha música y fervor en los actos de cierre de campaña en plaza pública y nerviosismo en los equipos de los nueve candidatos que medirán fuerzas el domingo 30 de mayo.
Empate técnico
Las encuestas sobre intención de voto mantienen el empate técnico entre el oficialista Juan Manuel Santos, del Partido de Unidad Nacional, y el independiente, Antanas Mockus, del Partido Verde, con 34% y 32%, respectivamente, de tal suerte que la sucesión presidencial se definiría en la segunda vuelta, en junio. Para entonces, Mockus aventajaría 45 % sobre 40% a Santos, con lo que las alianzas se impondrían.
De los aspirantes sólo seis registran en los sondeos de opinión, con cifras por debajo del 10%, que se valorizan con el paso de los días, porque serán determinantes a la hora de inclinar la balanza. Tanto como los indecisos que bordean el 7% de los 29 millones de votantes potenciales, sobre una población de 44 millones.
Raros momentos
Felipe Botero, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, habla de “raros momentos” en una campaña que hasta hace tres meses era predecible y continuista con Álvaro Uribe reelecto por segunda vez hasta 2014, o entregando el poder a quién él señalara.
Cuando la Corte Constitucional dijo no al referendo sobre la reelección, todo estalló por los aires. Las legislativas con las consultas internas de los partidos Verde y Conservador, pusieron el ingrediente que faltaba para que la campaña pasara de la certeza a la incertidumbre.
El fenómeno Antanas Mockus, hijo de lituanos, dos veces alcalde de Bogotá, ganó las internas el Partido Verde frente a otros dos ex alcaldes de la capital, Enrique Peñalosa, a la derecha, proveniente del Partido Liberal, y, Lucho Garzón, a la izquierda, con origen en el Polo Democrático Alternativo. Al trío, que da ejemplo de trabajo colectivo en un país en el que reina la individualidad, se sumó Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, fórmula vicepresidencial. Mockus–Fajardo, matemáticos y profesores, hicieron del lápiz el símbolo de su lema “con educación todo se puede”, que suman a otros como “legalidad democrática” y “la vida es sagrada”, elementales pero novedosos en un país hastiado de violencia y corrupción.
Incertidumbres
Botero afirma que “el final de campaña es de incertidumbre, en ambos sentidos. Si gana Juan Manuel Santos o si gana Antanas Mockus”, y explica:
A Santos – ex ministro de Comercio Exterior, Hacienda y Defensa, en los sucesivos gobiernos de César Gaviria (1990/94); Andrés Pastrana (1998/02) y Álvaro Uribe (2002/2010) – lo conocemos más y sabemos que pretenderá continuar una línea muy parecida al del gobierno actual. Sin embargo, hay incertidumbre en cuanto a cómo se va a desenvolver de presidente, pues hereda graves escándalos, algunos en los que tiene responsabilidad, como los ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales de jóvenes marginales para hacerlos aparecer como bajas de guerrilleros en combate). Otros son los casos de Agro Ingreso Seguro (créditos no reembolsables a terratenientes); y la “parapolítica” (infiltración paramilitar en el Estado).
En cuanto a Mockus, dice, es persona sumamente inteligente y político muy hábil pero, en últimas, no sabemos muy bien quién es. En su primera administración se demoró un año tratando de entender cuáles eran los problemas de Bogotá y al final hizo buena gestión pero chocó con el Concejo. Sabe rodearse bien pero es preocupante la relación que tendría con un Congreso que no conoce, en el que no tiene mayorías y donde le será difícil gestionar proyectos.
Radio Nederland.- ¿Por qué la volatilidad ideológica de los líderes colombianos?
Felipe Botero.- La política colombiana es muy personalista, basada en individuos y no en partidos. Eso tiene que ver con las reglas del sistema electoral, la financiación de campañas – el Estado no le da plata a los partidos sino a los candidatos– y hay pocas herramientas para tratar de disciplinar, aunque intentos, como la Ley de Bancadas (2003) ha contribuido a un mejor desempeño en el Congreso.
RN.- En campañas anteriores ha sido manifiesta la interferencia de los grupos armados, de la insurgencia. En ésta no parece que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC jueguen el papel de otras elecciones.
FB.- El conflicto ha estado más bien al margen de la campaña, en el sentido de paros armados, bloqueos o interferencia directa; creo que la guerrilla ha aprendido que ese camino es muy poco efectivo y usa otra estrategia más peligrosa – que también usan los paramilitares – como es infiltrar la política y lograr resultados. Es preocupante y aunque se discutió algo, a propósito de los resultados de las legislativas, no fue suficiente. Está el caso del Partido de Integración Nacional PIN, muy cuestionado, con presuntos fuertes vínculos con el narcotráfico y los paramilitares, logró acaudalada votación y un contingente importante en el Congreso.
RN.- Tal vez el PIN tenga un papel en la reñida finalización de campaña.
FB.- Es muy posible porque son actores con recursos cuantiosos, provenientes de sus actividades ilícitas.
RN.- Se ha discutido mucho sobre utilización de métodos sucios, de ‘campaña negra’.
FB.- Esa es una característica desafortunada de las democracias contemporáneas y esta, no es ajena a esas prácticas, reprochables pero útiles. Las usan, precisamente porque convierten a los indecisos y refuerzan prejuicios y estigmas.
Lobo en visita
La polémica en torno a la ‘propaganda negra’ es tan fuerte que ocupó espacio en una conferencia de prensa conjunta del presidente colombiano Álvaro Uribe y Porfirio Lobo, de Honduras, en visita oficial a Bogotá.
Ambos se refirieron al publicista venezolano, JJ Rendón, experto ‘rumorólogo’, que asesora al candidato Santos, a quien se atribuye una estrategia contra Mockus. Lobo dijo que Rendón fue, por dos años, su “estratega principal” en la campaña que lo condujo al poder. De hecho una promoción sobre empleo mejor remunerado en un eventual gobierno de Santos, difundida por emisoras de radio, es una versión de otra que en Honduras se usó a favor de Lobo.
En el encuentro de los mandatarios con la prensa, Uribe dijo que todos los candidatos tendrán “plenas garantías de seguridad, hasta la última hora de este proceso electoral”.
La discusión en Colombia sobre la posible candidatura del presidente Álvaro Uribe a un tercer mandato parece eclipsar el conjunto de problemas y desafíos que sufre el país. En opinión de la senadora colombiana Piedad Córdoba, se trata de una estrategia mediática que, por el momento, le ha dado un gran resultado al mandatario colombiano. La candidatura del presidente colombiano Álvaro Uribe a un tercer mandato se torna cada vez más factible, una vez superado el escollo de la Cámara de Representantes, y a la espera de lo que digan el Tribunal Constitucional y el pueblo colombiano en consulta pública. La figura del mandatario colombiano se erige como una suerte de garante de la seguridad nacional y como único presidente capaz de enfrentar a la guerrilla. Sin embargo, algunos analistas consideran que la capacidad de Uribe de garantizar la seguridad y cosechar éxitos en su lucha contra el terrorismo ha tocado techo. La senadora colombiana del Partido Liberal, Piedad Córdoba, reflexiona en esta entrevista exclusiva concedida a Radio Nederland en Bogotá, sobre la actualidad política que vive su país. Según la senadora, el presidente Álvaro Uribe ha desarrollado de forma muy inteligente su estrategia mediática, con la que ha conseguido que se difuminen grandes retos a los que se enfrenta Colombia, como son la pobreza, el hambre, las carencias educativas y el drama de los refugiados internos. Córdoba, quien ha jugado un papel fundamental en el proceso de negociación para la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC, lamenta la campaña de exaltación de la figura de Uribe que, en su opinión, ha calado entre la opinión pública, y que hace que todos aquellos que defienden una salida negociada al conflicto colombiano aparezcan como parte de las FARC. “La historia dará cuenta de lo que ha pasado”, asegura Piedad Córdoba.
Con tercer período a la vista, Colombia empieza a recorrer un camino desconocido en su historia política.
Pasó la conciliación y el Congreso aprobó el referendo para un tercer período de Álvaro Uribe. Contrario a lo que muchos vaticinaron -incluida esta revista-, el país se enfrenta a una nueva realidad política. Una realidad ajena a la tradición política de Colombia que durante dos siglos se había diferenciado de la mayoría de los países vecinos latinoamericanos cuyos gobernantes solían quedarse en el poder.
Al ser aprobada la conciliación solamente cambia la fecha del tercer período de Uribe de 2014 a 2010. Técnicamente esto no significa que el referendo esté aprobado. Pero dada la dinámica política que se está viviendo en el país todo indica que llegará el próximo año a la Corte Constitucional para que sea la cúspide de la justicia la que decida si los colombianos pueden elegir a un Uribe III.
Nadie cuestiona la popularidad del Presidente ni los éxitos que ha tenido su gobierno. Pero más allá de las encuestas, crece en diversos sectores de la sociedad la preocupación sobre las consecuencias de que una persona se perpetúe en el poder. No sólo porque se rompe el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia, sino que se cae en el tortuoso camino de los caudillismos por el cual los colombianos no habían transitado hasta ahora.
Con siete años de gobierno, Álvaro Uribe ya es el Presidente que más ha permanecido en el poder en forma ininterrumpida. Los únicos antecedentes comparables de prolongaciones presidenciales más allá de los períodos para los cuales fueron elegidos son Simón Bolívar y Rafael Núñez. Además de los mandatos largos, los tres tienen otras coincidencias: fueron liberales en sus primeros años de políticos y con el tiempo se volvieron conservadores, centralistas y de mano dura.
Independiente de la conveniencia o no de perpetuarse, hay que reconocer que el presidente Uribe lo llevó a cabo dentro de la normatividad jurídica vigente en el país en la actualidad.
Inicialmente trató de que la iniciativa del referendo fuera a sus espaldas sin la participación del gobierno. Esto no fue posible y le tocó recurrir a los vicios tradicionales de la política colombiana para sacarlo en el Congreso. Será la Corte Constitucional la que determine si el número y el calibre de vicios que fueron necesarios para aceitar la la conciliación son suficientemente graves para invalidar el resultado (ver artículo siguiente). Sin duda alguna hay múltiples irregularidades y el debate que se inicia ahora servirá para definir si son pecados veniales o pecados mortales.
El eje del asunto es que el Congreso aprobó el referendo con las tácticas a las que el Ejecutivo siempre ha recurrido en Colombia para pasar cualquier proyecto: clientelismo, un puesto aquí, un puesto acá, una notaría, un contrato. En ese sentido, todo lo que se ha visto no pasaría de ser lo mismo de siempre. Lo que le da una connotación diferente es que la aceitada del Congreso en esta ocasión es para el beneficio de la persona que está en el poder. Una cosa es 'manzanillear' para hacer aprobar una reforma tributaria y otra es hacerlo para cambiar la Constitución y aprobar un tercer período presidencial.
Pero lo verdaderamente delicado no ha sucedido aún. Tendría lugar en la eventualidad de que el gobierno, para sacar a cualquier costo el referendo, decidiera incurrir en prácticas más graves que las de violarse los topes y aceitar la maquinaria. En esta categoría estaría la idea, muy en borrador hasta ahora, de que el gobierno está contemplando introducir un artículo en la ley que reglamenta la reforma política para depurar el censo electoral y bajar así el número de votos que se necesitan para aprobar el referendo.
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas y el año entrante podría llegar a 31.000.000. Para aprobar el referendo debe salir a votar al menos el 25 por ciento de ese censo, es decir, entre 7,35 millones y 7,75 millones de personas. Según se ha denunciado el recorte pretendería que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones de votos para aprobar el referendo. Uno, al sacar a los muertos, lo cual es legítimo. Y lo otro, al eliminar del censo a los abstencionistas -que son la inmensa mayoría- lo cual sería una leguleyada con vicios de trampa pues una persona que no vota no deja de existir y por lo tanto hace parte del censo electoral.
Si el gobierno finalmente decide meterse en estos peligrosos terrenos, estaría pasando a irregularidades de una categoría muy diferente a la del clientelismo tradicional que se ha aplicado hasta ahora. Bajar el censo a la brava tendría una connotación no de politiquería sino de abuso de poder.
A pesar de que la dinámica política del referendo va a todo vapor después de salir del Congreso, el proceso que sigue de aquí en adelante tiene unos tiempos difíciles.
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ya ha dicho que ese organismo se demorará unos cinco meses para llegar a un fallo, y el registrador, Carlos Ariel Sánchez, manifestó que tardará entre tres y cuatro meses para convocar al referendo. En el caso de la Corte Constitucional hay que tener en cuenta factores como las recusaciones a magistrados, las demandas a la ley e incluso la vacancia judicial que es obligatoria y dura poco más de 20 días. Y en el caso del Registrador tiene que esperar a que la Corte publique el fallo -no basta con el anuncio- para comenzar con los procesos de contratación para hacer las elecciones. El Registrador no podría aplicar el acelerador porque no puede hacer un solo giro de recursos para un referendo que no ha sido aprobado.
Y los demás? Así las cosas, en teoría, y siguiendo los tiempos expuestos, en el mejor de los casos la gente saldría a votar por el referendo a principios de mayo. Sin embargo, el gobierno aspira a sacarlo antes y buscará empatar el referendo reeleccionista con otros dos referendos bien taquilleros: el del agua y el de la cadena perpetua para los violadores de niños. Si logra hacerlos coincidir para el mismo día, mata tres pájaros de un tiro: se ahorra toneladas de dinero (cerca de 200.000 millones de pesos), estimula a más gente a salir a votar, y ayuda a neutralizar cualquier campaña de oposición que pretenda que la gente se quede en la casa ese día, sobre todo con la tentación de votar el referendo contra los abusadores de niños. .
Y es allí donde el referendo chocaría con el calendario electoral del país. La ley obliga a que los candidatos que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban a más tardar el 12 de marzo de 2010 y el Registrador anunció que, para que Uribe pudiera participar de esa inscripción, el referendo tendría que ser votado a más tardar en febrero. Por eso, a primera vista, los tiempos no alcanzan.
Pero eso no quiere decir que el referendo esté sepultado, ni mucho menos. Los hechos recientes en el país han demostrado que la lógica política termina imponiéndose sobre las formas jurídicas. Así las cosas, lo más seguro es que el referendo llegue a la Corte Constitucional.
En cuanto a la Ley de Garantías, que busca asegurar que el Presidente no va a utilizar toda la maquinaria del Estado para hacerse reelegir dejando en franca desventaja a los demás candidatos, la cosa tampoco está fácil. A nueve meses de las elecciones, ni el gobierno, ni el Congreso han promovido una ley de este tenor. Hay quienes creen que podría utilizarse por analogía la ley de garantías anterior. Pero entonces se daría otro conflicto: según esa norma, y en ánimo de ser transparente, el presidente Álvaro Uribe tendría que anunciar antes del 30 de noviembre que piensa estar en la contienda por la Presidencia de 2010. ¿Cómo puede hacerlo sin incurrir en una ilegalidad si se tiene en cuenta que para esa fecha aún no se habrá aprobado en el país la reelección presidencial?
Mientras no se defina el referendo en las urnas, el panorama electoral continuará en el letargo que lo ha caracterizado durante los últimos meses. Los más afectados por la incertidumbre del proyecto son, por supuesto, los candidatos uribistas. Algunos, como Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias (Uribito), porque han dicho a los cuatro vientos que si el Presidente aspira a una tercera reelección, saldrán de escena y se dedicarán a apoyar la causa reeleccionista. Otros, como Noemí Sanín, porque tendrán que esperar meses para saber si se pueden presentar ante a la opinión pública como los herederos de Álvaro Uribe.
En el caso del ex ministro Santos su condición política resulta paradójica. Desde que se retiró del Ministerio de Defensa, aparece en las encuestas como el favorito para suceder al Presidente. Por si fuera poco es el líder natural de la U, el partido que muchos prevén va a ser el más sólido electoralmente. Sin embargo sus aspiraciones están en el congelador. No en vano, el lema que vienen promoviendo sus seguidores es "Si no es Uribe, es Juan Manuel". El ex ministro ha estado tan comprometido con el referendo que días antes de la conciliación reunió a varios de los congresistas de su colectividad y los convenció de votarlo favorablemente. Y ha sido consecuente con ello, "Si él no es candidato, yo me lanzo a la Presidencia, este es un pacto que voy a cumplir", dijo el día que renunció al Ministerio.
Al ser aprobada la conciliación, a Andrés Felipe Arias también se le redujo el ajedrez. Al ver viable el referendo, buena parte de los congresistas que estaban con él le pusieron freno de mano a sus líderes locales. Entre Uribe y Uribito, es evidente que las fichas se mueven con el rey y no con el príncipe. Además, Arias enfrenta una encrucijada. Si gana la consulta conservadora, y asume la candidatura oficial de ese partido, lo más seguro es que cuelgue ese honor en el clóset y termine por adherir a la tercera campaña presidencial de su mentor. Y nuevamente los conservadores quedarían sin candidato.
Hasta el momento, Sergio Fajardo ha insistido en que no es ni uribista ni antiuribista y ha logrado cosechar votos de ambas orillas. Su estrategia electoral seguirá caminando al filo de una creciente polarización política. Pero hasta ahora Fajardo está bien parado como candidato independiente. Si Uribe se lanza -y Juan Manuel y Uribito no- Fajardo aparece como el segundo candidato más opcionado. Y si la reelección no pasa, Fajardo también se perfila como un candidato sólido para el sprint final de la presidencial.
Por las toldas de Noemí Sanín la cosa no pinta fácil. La candidata anunció que mantendrá sus aspiraciones independientemente de si Uribe se lanza o no. Sin embargo tiene el síndrome de todo candidato uribista: su aspiración se marchita si el gran jefe entra al ring. No se necesita ser un experto en marketing político para saber que siempre será mucho más fácil vender el producto original. Es indudable que Noemí tiene trayectoria, carisma y popularidad. Pero aterrizó tarde a la contienda y su gran desafío, por ahora, es arrebatarle a Uribito la candidatura del Partido Conservador que él venía cocinando a fuego lento desde comienzos de año.
El único sector que, paradójicamente, tembló menos con la aprobación del referendo en el Congreso fue el de la oposición. A pesar de que el espectro de la candidatura de Uribe opaca toda la política electoral, el Polo democrático y el Partido Liberal fortalecieron su identidad por cuenta del antiuribismo. Sobre todo en las toldas rojas, donde ha avanzado en un proceso de unidad bajo el liderazgo de César Gaviria, vehemente opositor del Presidente. Ambas colectividades tienen claro que, con o sin reelección, tendrán que trabajar duro para competirle al uribismo.
Por lo pronto, la incertidumbre seguirá hasta que Colombia oiga de boca de Uribe su aspiración de quedarse. Mientras tanto, las campañas políticas reacomodan sus fichas, los columnistas se atrincheran para atacar o defender el referendo y los académicos abren un debate sobre cuál es el verdadero papel de las mayorías en una democracia.
Pero en medio de la vorágine de noticias que produce el país y del caldeado ambiente político, el país transita lentamente hacia una creciente polarización entre quienes quieren que Uribe se quede y quienes quieren que se vaya.
