26 de marzo de 2010

Presentación del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia en 2009 - Transcripción Rueda de Prensa.



Presentación del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia en 2009 - Transcripción Rueda de Prensa.

2010-03-24

Presentación del señor Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sesión de preguntas y respuestas:

Raúl Arévalo - RCN Radio: Mi primera pregunta es: ¿Cómo le va a Colombia con los DDHH en relación con el secuestro? A una madre de familia se le va a entregar en los próximos días, el cadáver de su hijo, ¿Cómo califica este hecho?. La segunda es: ¿Cómo califica el atentado que ocurrió en Buenaventura hace pocos minutos en donde un carro bomba mató a varias personas, hay más de 20 heridos, y había también periodistas que fueron víctimas de un atentado?

Cristian Salazar Volkmann: Nosotros reiteradamente hemos llamado a la liberación de todos los secuestrados, sin distinción inmediata, sin condiciones. No un procedimiento de gota a gota, sino que todos queden libres porque pensamos que el interés de las personas en cautiverio debe primar sobre cualquier otro tema. Es extremadamente triste que dos personas murieran en cautiverio y los restos de una persona se van a entregar. Hemos dicho varias veces que calificamos esta práctica del secuestro como algo completamente inhumano, algo que podría calificarse como crimen de guerra y que, ojalá, no solo puedan salir rápidamente los dos policías: el sargento Moncayo y el sargento Calvo, sino todos los que están secuestrados.

El segundo tema, el atentado a Buenaventura, bueno yo sigo como ustedes las noticias. No hemos como Oficina, por tratarse de un hecho tan reciente, verificado los hechos. Sí sé que hay tres o cuatro personas muertas, 23 tal vez más heridos. Y es una muestra de los problemas de terrorismo. Hemos condenado repetidamente cualquier hecho de terrorismo contra la población, sea quien sea que haga eso y ojalá las autoridades investiguen rápidamente quién está detrás de eso.

Jenny Navarro – Caracol Tv: Sobre el mismo tema del secuestro, siempre hablamos de los militares, policías secuestrados, de los canjeables, pero deberían las organizaciones armadas ilegales, entre ellas las FARC, el ELN, decir cuántos civiles tiene secuestrados también? Informar cuántos civiles tiene secuestrados.

CSV: El secuestro, sea de un civil o de un miembro de la fuerza Pública para nosotros es un ser humanos secuestrado. Nosotros no hacemos distinciones y llamamos a la liberación de todos los secuestrados y que se pare cualquier acto de secuestro. Pero sí hay conocimiento de que hay, por ahora, 24 secuestrados miembros de la fuerza pública pero que el número de los civiles secuestrados está en fuerte disputa y ojalá las autoridades logren aclarar las cifras. No sé si la guerrilla va a compartir las cifras con las autoridades la idea es que el Estado depure las cifras lo que más pueda. Pero el llamado principal es que, más allá de las estadísticas, ceda esta práctica por completo y que liberen a todos los que están en cautiverio.

Diana Durán – El Espectador: Con respecto al tema de violencia sexual en el marco del conflicto, ¿Qué llamado le haría esta Oficina al gobierno?, han sido varios los escenarios en los que tanto ustedes como otras organizaciones han llamado la atención sobre la falta de información y la impunidad que hay en este tema, entonces qué hacer para que esta situación pueda mejorar.

CSV: Yo he hecho un llamado personalmente al Presidente de la República y al Ministro de Defensa de emitir, lo más rápido posible, una política de cero tolerancia frente a la violencia sexual. La reacción de la Fuerza Pública frente a estos casos, como describí, ha sido ambivalente. En algunos casos reaccionaron apropiadamente, en otros casos no. El Estado está en mora de definir claramente los lineamientos de cero tolerancia, separar oficiales acusados de sus cargos, etc. Este debería ser el primer punto
El segundo tema es la impunidad. Es un llamado reiterado para que la Fiscalía empiece a avanzar a extender sus investigaciones para que se empiece a contrarrestar la impunidad casi completa que hay frente a los casos de violencia sexual y tercero: hay un marco legal en el país desde el 2008 que es la ley de violencia contra la muer, la Ley 1257, y esta ley pensamos que está durmiendo un poco. En esa ley hay partes que creemos deberían ponerse un poco en práctica inmediatamente por ejemplo cito dos cosas: que la Fiscalía pueda iniciar investigaciones de casos de violencia sexual sin que haya una denuncia y segundo, que en los procedimientos la conciliación no tenga que seguir siendo obligatoria, que la mujer no siga siendo forzada a verse con su victimario, antes de que pueda proceder una investigación. Dos casos muy concretos en el que las autoridades deberían tomar un giro en práctica y mentalidad y tomar este delito más en serio.

Laura Gil – Columnista El Tiempo: Desde que se ha hecho público el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se ha manejado en Colombia la hipótesis de que la combinación de la presión por resultados y los incentivos económicos y de otro tipo, esa combinación, creó el escenario para que los falsos positivos fueran posibles. Cuando el relator Philip Alston estuvo aquí a mí me dio la impresión que él se adhería a esta hipótesis, que él creía que esta combinación hacía posibles los falsos positivos. En su informe, usted dice que la caída de las ejecuciones extrajudiciales, se debe fundamentalmente, estoy citando “a la implementación y monitoreo de las medidas adoptadas entre octubre y noviembre”. Y esas 15 medidas, si uno las ve, son muy importantes pero no van a la raíz de lo que podrían ser las causas de las ejecuciones. Mi pregunta es: ¿Ustedes al decir que la caída se debe a las 15 medidas, algunas de las cuáles son importantes, otras de las cuáles son menores, están apartándose de la interpretación que la presión por resultados y los incentivos son las causas fundamentales de los falsos positivos?

CSV: En el informe nosotros nos referimos más bien a la preocupación hacia adelante, la sostenibilidad de la reducción de las ejecuciones. Primero es algo que pocas veces vemos que realmente una violación de derechos humanos tan grave, se esté disminuyendo tanto como en el año 2.009. Pero sabemos que muchas causas, muchos factores no han cedido. Por eso nuestra preocupación es como asegurar la sostenibilidad de esa reducción o incluso la eliminación total de las ejecuciones extrajudiciales. Y ahí sí, la sostenibilidad depende de dos factores: romper la impunidad, que se condene a los responsables y segundo, que las medidas iniciadas en el seno de las fuerzas armadas continúen siendo implementadas principalmente, medidas de mejores sistemas de comando y control interno. El Ministerio y las Fuerzas Armadas empezaron a instalar inspectores internos, asesores jurídicos, comisiones de monitoreo de urgencias en algunos casos, para dar algunos ejemplos. Y estas medidas organizativas, son un buen instrumento para, con un mejor control interno, poder dar mejor seguimiento a posibles conductas criminales o de violaciones de derechos humanos.

Hollman Morris – Contravía: Con respecto al número 20 en su informe: el reto actual es establecer las responsabilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de las actividades ilegales llevadas a cabo por el DAS, tanto a víctimas como a organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia y en el mundo están diciendo que, al menos, la responsabilidad política, le cae al Presidente de la República Álvaro Uribe quién es el directo responsable de la policía secreta como DAS. ¿Ese sería un buen comienzo para Naciones Unidas cuando, precisamente, reitero en el punto 20, está pidiendo establecer las responsabilidades sobre este tema?

CSV: El proceso contra el ex director Jorge Noguera está en transcurso y lo estamos observando muy de cerca. Yo he estado personalmente la semana pasada, tenemos personal allá porque creo que justamente este llamado de que se establezcan los autores materiales, intelectuales, las personas que dejaron pasar eso y las personas que se beneficiaron es clave. Pero creo que es importante que la Corte Suprema de Justicia pueda proceder bien con sus investigaciones y en la sesión que yo estuve fue muy interesante que en la audiencia pública se estaba investigando que, por ejemplo, posibles nexos del DAS con el paramilitarismo, como un aspecto. Yo creo que también es importante no solo el tema de la impunidad y de condenar a los responsables, sino también reconocer que políticamente en Colombia los órganos de inteligencia básicamente casi no tiene ningún control democrático que funcione. Esto fue posible durante muchos años y los acontecimientos que conocemos desde 2003, ustedes bien saben siempre sale este tema y además que este tema de actividades clandestinas de los sistemas de inteligencia no es solamente del DAS. Nosotros también documentamos casos de los servicios de inteligencia militar que están actuando ilegalmente. Entonces por eso creo que el otro tema muy importante ahí es discutir políticamente cómo el Estado colombiano, la sociedad colombiana va abordar el hecho de que hay organizaciones clandestinas que no tienen control que no dan rendimiento que pueden hacer de los datos privados de cualquier ciudadano lo que quieran. Ahí creo que hay una gran tarea de servicios de inteligencia para ponerlos bajo control democrático e implementar mecanismos de depuración de archivos y mecanismos de acceso de ciudadanos a la información que se está recolectando sobre ellos.

Anastasia Moloney – Reuters: Mi pregunta es sobre desplazamiento, ¿Cuántos desplazados hay en Colombia según esta oficina y por qué las cifras de desplazamiento siguió creciendo en 2009?

CSV: Nosotros no llevamos estadísticas propias de desplazamiento. Están las cifras oficiales, creo que son 3.1 millones y las Ong dicen que son un millón más. Lo que detectamos en el informe es que en Colombia el desplazamiento sigue creciendo pero en menor grado que los años anteriores. Ahí hay una disputa sobre cifras y que tan grande es la disminución del aumento, pero sigue aumentando. Creo que hay que tomar en cuenta que hoy en día sigue habiendo mucho subregistro, es un desplazamiento muchas veces gota a gota, nos preocupa el desplazamiento por parte de los grupos surgidos del proceso pos desmovilización, de los paramilitares, ahí sí registramos muchos desplazamientos, día a día y entonces creo que allí hay una gran tarea del Estado de revisar los derechos de las víctimas de estos grupos para registrarlos también como desplazados para que reciban algún apoyo. Yo estuve en Caucasia en el Bajo Cauca, la semana pasada. Es una zona disputada por muy diferentes bandas y grupos armados ilegales y nos presentaron una lista de la Personería, una lista de víctimas de desplazamiento que tienen mucha dificultad de acceder a cualquier apoyo porque la reacción del Estado es “bueno estas son bandas criminales entonces estas personas no tiene ningún derecho de reparación o de apoyo para desplazados”.

Laura Juliana Muñoz – el Tiempo: Como los temas de corrupción, de parapolítica también están bajo la lupa del Alto Comisionado, yo me pregunto si hay un diagnóstico, así sea parcial, de las pasadas elecciones, en el tema de irregularidades. Hubo irregularidades en el conteo de votos, muertos que votaron, compra de votos, políticos electos que aún están siendo investigados por vínculos con paramilitares…

CSV: Sobre las elecciones nosotros hemos hecho un seguimiento sobre todo, sobre el tema de derecho a la vida, la integridad física, las amenazas y nos hemos pronunciado muy positivamente que éstas fueron las elecciones más pacíficas en muchos años. En cuanto a las garantías de los derechos humanos a la vida a la integridad física creo que es algo que, más allá de todo el lío que se está discutiendo en los medios hoy, dentro de las instituciones es algo que casi se olvida que esto ha sido un gran logro de las elecciones. Al mismo tiempo, escuchamos con mucha preocupación las denuncias sobre fraude, sobre financiamientos ilícitos de campañas electorales, sobre compra de votos.

Las denuncias de la MOE, las denuncias de la OEA y yo mencioné que nosotros estamos viendo ahora hacia el próximo año porque tenemos preocupación que los grupos que nacieron después de la desmovilización, de los paramilitares, en las elecciones locales pueden tener una fuerte incidencia y ojalá las autoridades colombianas investiguen seriamente todas las denuncias que han recibido ahora sobre corrupción y desarrollen para el próximo año mejores instrumentos de detección del uso ilícito de dineros del narcotráfico o de otras fuentes en tanto financiamiento de campaña como en compra de votos. Más allá, el tema de la parapolítica va a seguir siendo una de las tareas principales de nuestra oficina. Estamos acompañando el trabajo de la Corte Suprema de justicia en este sentido y tiene nuestra confianza de que sí hay nuevas denuncias sobre cualquier vínculo paramilitar o narcotraficante, de personas elegidas que ellos le darán un seguimiento apropiado.

Rosario Zuñiga – Contagio Radio: En su relato mostró una preocupación porque se incrementaría la grave crisis en derechos humanos, quisiera saber por los factores que harían que en los años que vienen se incremente esta problemática, por qué ustedes ven con preocupación que esto se intensificaría.

CSV: Esta es una pregunta también estructural, lo que sí vimos el año pasado es que con los panfletos y con los correos electrónicos, definitivamente el clima se volvió más hostil para los defensores por las amenazas. Eso sí es algo que vimos y muchas fuentes lo han comprobado. En ese sentido, el aspecto positivo es que hay una serie de acuerdos sobre cómo mejorar las garantías para los defensores y creo que trabajar en la implementación de estos acuerdos entre sociedad civil y gobierno sobre las garantías, especialmente a nivel local, es ahí donde tenemos más temor por la vida y el ejercicio legítimo. Lo bueno es que hay muchos acuerdos, lo bueno es que la sociedad civil se sentó a dialogar con el gobierno sobre mejores garantías en un año. De hecho, sus posibilidades de trabajo han estado bajo más presión que el año anterior. El otro tema es la impunidad y la investigación de las amenazas y ahí sí hay muchas falencias y ahí sí la Policía ha investigado pero en la gran mayoría no. Hay que tomar más en serio estas investigaciones de amenazas sería otro factor importante para reducir este clima tan hostil para el trabajo de derechos humanos.

Diana Durán – El Espectador: Ustedes en este informe, aplauden o respaldan el trabajo que la Corte Suprema ha hecho particularmente en cuanto a la parapolítica. Hace unas semanas la propia Unión interparlamentaria de la ONU alertó cobre el caso del ex senador Álvaro Araujo Castro, diciendo que en la Corte no había posibilidades de que ese caso fuera llevado con el debido proceso, que hubiera procedimientos justos para la persona que estaba siendo acusada y efectivamente, el recibió la semana pasada una de las condenas más altas que ha habido en parapolítica. Se ordenó investigar por otra causa. En el informe del otro año vamos a ver alguna anotación sobre este caso? La ONU se ha preguntado en algún momento la Corte Suprema se está extralimitando en funciones o si se están cometiendo algunas irregularidades o atropellos contra ciertas personas investigadas por la parapolítica?

CSV: Creemos que este año ha habido avances en cuanto al debido proceso relacionado con la parapolítica, pero también tenemos todavía preguntas. Los avances o el mayor avance es la separación de investigación y juzgamiento en el seno de la Corte, es un primer caso concreto que se dio el año pasado. Y nuestra expectativa es que este año la Corte esté avanzando con ella posibilidad de apelación en segunda instancia en casos de parapolítica. Esa es una discusión que la Corte Suprema está llevando y de hecho ayer estuve en reunión con magistrados de la Corte donde discutimos ese tema también y ojalá se pueda avanzar este año con una posibilidad de apelación y si estos dos requisitos se cumplen, nosotros creemos que ahí sí se está cumpliendo el debido proceso.

Raúl Arévalo – RCN Radio: En su informe se habla de congresistas involucrados en compra de votos y otras irregularidades. Analistas y políticos han pedido que no se entregue credenciales a los candidatos electos, cuando ante su posición, cuál es su reacción: sería justo que no se les entregue credenciales para que de una vez se investigue quiénes son los involucrados con irregularidades. Lo segundo: ¿Cómo mejorar las relaciones en las fronteras, con Venezuela y Ecuador donde las relaciones con los derechos humanos no son las mejores?

CSV: Lamentablemente, sobre la primera pregunta no tengo ningún comentario al respecto el informe no trata ese tema y nosotros tampoco hemos tratado ese tema acá. Y el tema de relaciones en fronteras lo que nos preocupa es que los indudables avances que en materia de seguridad el país ha visto, son algo muy positivo pero el conflicto armado interno en Colombia se ha trasladado a las periferias del país y a las zonas fronterizas y es allá donde, como lo mencionamos en el informe, alguien paga el precio y en ese caso son los pueblos indígenas y afrocolombianos. Creemos que los esfuerzos para garantizar los derechos y para proteger mejor a la población que reside en áreas fronterizas, sobre todo, la población indígena y afrocolombiana pero no solo ellos ahí debe ser un énfasis del gobierno este añoi sino vamos a ver más muertes indígenas y de afrocolombianos este año, seguro.

Laura Gil – Columnista El Tiempo:: Quería hacer una pegunta sobre una de las afirmaciones del informe que dice que el ERPAC o los Rastrojos podrían ser sujetos de DIH. Primero que me explique un poco qué es lo que han observado en términos de control de territorio y otros requisitos para que esos sea así. Segundo, ¿Qué dijo que el gobierno cuando vio eso?

CSV: Este es el tema tal vez más complejo y más complicado para nosotros de observar porque estos grupos que nosotros llamamos surgidos después del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares están en proceso de cambio, son muy heterogéneos, y están en diferentes partes del país, su apariencia y su forma de actuar no es la misma. Entonces para nosotros ha sido muy, muy difícil de catalogar eso y por eso usamos un término bastante general. Sí tenemos información en algunas partes del país, que incluso los Rastrojos actúan con arma larga, uniformados, con capacidad de respuesta militar. En otras partes del país ni están presentes ellos mismos, sino que subcontratan bandas juveniles delincuenciales a nivel local para que hagan parte de su negocio. Por eso es tan difícil tomar una posición sobre si el DIH debería aplicar o no. Es un problema no solo para nosotros, yo creo que para el Estado también y para las organizaciones internacionales. Por eso el enfoque de nuestro informe es tratar de caracterizar mejor estos grupos pero el enfoque realmente es en la protección de la población civil y ahí la preocupación es muy seria porque la violencia se incrementa con las masacres con los desplazamientos, hay un miedo generalizado de la población, la protección es muy poca que reciben y por eso llamamos la atención desde ese enfoque de la protección de las víctimas o de las personas vulnerables. Pero, como digo, es un fenómeno que está fluyendo en, incluso, en un mes la apariencia es como paramilitar, el otro mes el mismo grupo cambia completamente de actuación. Hay una gran capacidad de adaptación a circunstancias que es tremenda.

Laura Gil – Columnista El Tiempo: Qué ha dicho el gobierno sobre eso? Han dicho algo?

CSV: La reacción del gobierno a nuestro informe en cuanto a eso ha sido que básicamente reconocen nuestro análisis como uj buen acercamiento a la realidad colombiana.

Laura Gil – Columnista El Tiempo: La Relatora de defensores de DDHH, en las recomendaciones, rechaza la privatización de los esquemas de protección. Ustedes dicen algo así como que tienen que ser consultados con las personas afectadas. A mí me ha pasado de toparme con escoltas de instituciones públicas que, lo que hicieron fue pasarse de la institución pública a privada pero es la misma gente que hacía los seguimientos que ahora son contratados privadamente. Me parece que estamos en un mundo pero que el anterior. Quería saber, cómo están haciendo el seguimiento de eso, cómo están haciendo el seguimiento y hacia donde apuntan las recomendaciones?

CSV: Tomando en cuenta que tenemos informaciones que por ejemplo los esquemas de seguridad del Das han sido usados para recolectar información sobre las personas que protegieron, sabemos que muchos defensores tiene una profunda sospecha de los esquemas de protección estatales que se están poniendo. De ahí el Estado, ofrece la posibilidad de elegir, esquemas de seguridad privados, que sean de confianza de la persona. Por otro lado nadie, ni la persona, los defensores, también el estado, están de acuerdo en que, aunque se privatice, la responsabilidad sobre la seguridad de la persona está claramente en manos del Estado. Nosotros no optamos por un rechazo pleno por esa diferencia de pedidos, no rechazamos la posibilidad de tener esquemas privados de protección, más bien pensamos que debe haber soluciones acordadas con la sociedad civil, con los afectados, no solo que el Ministro del interior decida. Le estamos dando un seguimiento estrecho. De hecho, esta semana vamos a tener una reunión con defensores de DDHH para tratar este tema. Le estamos haciendo un seguimiento muy estrecho porque si observamos que las amenazas están aumentando es un tema muy sensible e importante.

Muchas gracias!!!!
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