1 de septiembre de 2009

CIA, torturas y ética médica



Carlos Chirinos

BBC Mundo, Washington.


¿Pueden ser considerados los médicos que asistieron a sesiones de tortura tan responsables como los interrogadores?

Uno de los argumentos de quienes defienden las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”, usadas con los sospechosos de terrorismo más importantes en manos del gobierno de EE.UU., es que dieron “información valiosa” y que siempre estuvieron supervisadas por personal médico.

Pero esa participación de doctores y psicólogos en los interrogatorios realizados por la Central de Inteligencia de los EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) está siendo condenadas por algunos de sus propios colegas.

La crítica profesional se intensificó esta semana tras la publicación del informe interno de la CIA del 2004 en el que se describen con más detalle prácticas como el uso de amenazas físicas a los detenidos o sus familias, las ejecuciones ficticias, o la más polémica de los ahogamientos simulados.

Y se centró sobre todo en el papel de los médicos.

“Profesionales de la salud jugaron un rol central para desarrollar, implementar y aportar justificaciones para la tortura” afirma un informe presentado este lunes por Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), un grupo basado en Cambridge, Massachussets.

En los últimos años PHR ha presionado a los gremios profesonales para que médicos y psicólogos no participen en ese tipo de sesiones que, aunque la CIA asegura que no las usaba desde hace varios años, fueron expresamente prohibidas por el presidente Barack Obama al llegar al poder.

Experimentos humanos

Aunque la Oficina de Servicios Médicos de la CIA no ha reaccionado al informe de PHR, en el pasado ha asegurado que su personal no estuvo involucrado en los “análisis iniciales de riegos y beneficios de las técnicas de interrogatorios mejoradas”.

Sin embargo, grupos de defensa de los derechos humanos consideran que el personal médico presente en esas sesiones debería ser procesado criminalmente, de la misma manera que los agentes que interrogaron a los detenidos.

“Profesionales de la salud y psicólogos se involucraron en diseñar y monitorear dañinas técnicas de interrogatorios. La participación médica de ese tipo es una clara violación ética” se afirma en el informe de PHR, titulado Ayudando a la Tortura.

Scott Allen, responsable del estudio, asegura que “médicos y psicólogos coludieron con la CIA para mantener registro de las observaciones sobre los ahogamientos simulados, lo que se acerca a una experimentación humana anti-ética e ilegal”.

“La posibilidad de que profesionales de la salud hayan monitoreado técnicas para establecer y mejorar su efectividad constituye una posible experimentación anti-ética que debe ser completa y urgentemente investigada” asegura Allen.

En el mejor de los casos, PHR considera en sus conclusiones que la presencia médica “legitimó” el uso de esas prácticas consideradas como tortura, aunque en tiempos del gobierno del presidente George W. Bush no se les reconocía esa condición.

Órdenes superiores

Esta semana el Departamento de Justicia inició una investigación para determinar qué responsabilidades podrían tener los agentes que interrogaron prisioneros de “alto valor”, algo que podría conducir a demandas criminales contra esas personas.

Dentro de la comunidad de inteligencia algunos defienden su participación en las sesiones consideradas como de tortura alegando que seguían órdenes superiores y que los procedimientos contaban con autorización presidencial.

Por eso muchos piensan que los profesionales de la salud podrían usar ese argumento de la “obediencia debida” para evitar ser llevados ante la justicia, como piden ciertos grupos.

Sin embargo, la Asociación Psicológica de EE.UU. (APA) se propone revisar su Código de Etica para evitar que puedan presentarse ese argumento en eventuales casos de agremiados que puedan ser procesados por violaciones de derechos humanos ocurridas en interrogatorios.

“La tortura es un crimen y cualquier participación en esa práctica debe ser castigada a cualquier nivel. El concepto de obediencia debida no cabe” aseguró a BBC Mundo la psicóloga Ana Deutsch, directora clínica del Programa para las Víctimas de Tortura.

“La presencia de un médico en esas sesiones debería haber sido para evitar que se produjera ninguna clase de tortura y no creo que ese haya sido el caso en estos interrogatorios (de la CIA)” dijo Deutsch.

“Hay que recordar la anécdota de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador cuando le dijo al ejército salvadoreño 'yo les ordeno, dejen de matar que es la orden superior de Dios'. Esa es la orden superior de todo, no hacer daño. Ese es el compromiso de cualquier médico: hacer el bien”, afirmó Deutsch.

Caso Gelles

El debate dentro del gremio médico nació con las acusaciones sobre el uso de torturas por parte de organismos de inteligencia estadounidenses que surgieron desde que se empezaron a concentrar prisioneros en Guantánamo, en Cuba, o se conocieron las fotos sobre los maltratos a detenidos en la carcel de Abu Grahib, en Irak.

En diciembre del 2003 el psicólogo Michael Gelles, quien trabajaba en Investigaciones Criminales en Guantánamo, fue el primero en reportar a sus superiores lo que consideraba “abusos a los prisioneros”.

Muchos criticaron que Gelles se limitara a informar a la cadena de mando militar y no presentara el caso a la opinión pública, lo que según algunos habría generado mayor presión sobre el gobierno para deterner esos procedimientos.

También fue muy polémico el argumento de Gelles a favor de mantener la supervisión médica de los interrogatorios cuando en marzo del 2007 la Asociación Psicológica de los EE.UU. prohibió la presencia de sus agremiados en esas sesiones.

“Sacar a los psicólogos profesionales entrenados de esos ambientes impactará el grado de supervisión e inevitablemente aumentara la posibilidad de abusos”, afirmaba Gelles en una carta enviada a la asociación por aquellos días.

El “bien mayor”

Pero a principios de agosto en su reunión anual realizada en Toronto, Canadá, la APA ratificó su decisión de no autorizar la participación de psicólogos en ambientes “en los que personas son mantenidas fuera del alcance de, o en violación de, tanto las leyes internacionales o la Constitución de los EE.UU”

Sólo se hace la excepción en los casos en los que los profesionales “estén trabajando para las personas detenidas o una tercera parte que proteja los derechos humanos o para proveer tratamiento al personal militar”.

Algunos argumentan que el personal médico que trabajó en esas sesiones podrían presentar en su defensa que buscaban el “bien mayor” que era obtener datos cruciales para garantizar la seguridad nacional estadounidense.

Apenas el domingo pasado el ex vicepresidente Dick Cheney continuó con su defensa de las “técnicas mejoradas” insistiendo en que gracias a ellas se obtuvo información valiosa que impidió nuevos atentados extremistas.

Allí se entra en otro terreno polémico, pues Cheney no ha presentado pruebas concluyentes que convenzan a los críticos del programa, mientras que estos insisten en que todo lo que se diga bajo la tortura no es confiable porque, para evitar el sufrimiento, una persona está dispuesta a decir cualquier cosa.

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