Llevamos diez años monitoreando la asistencia militar estadounidense a América Latina. Durante esta década hemos observado el crecimiento de los programas de entrenamiento y ayuda militar, incluso cuando Latinoamérica descendió en el nivel de prioridad general para los legisladores estadounidenses.
¿Qué dirección está tomando ahora este fenómeno? En los últimos años, como lo anotamos, la tendencia a estrechar los compromisos de militar a militar se ha apaciguado de algún modo. Y es probable que esta tendencia se mantenga al menos en el corto plazo mientras EE.UU. sigue enredado en las complejas guerras de Irak y Afganistán.
Sin embargo, a mediano plazo, América Latina y el Caribe podrían volver a estar en el centro de la mira de Estados Unidos. Si la guerra al terrorismo no logra estimular un aumento de la asistencia militar – lo que todavía podría suceder – los que defienden una respuesta militar a los problemas regionales probablemente se las arreglarán para encontrar otras razones.
No hay escasez de candidatos. Las páginas editoriales de la prensa estadounidense están constantemente previniendo sobre una ‘ola de izquierda antiamericana’ a causa de los líderes que están siendo elegidos en la región. Otros presidentes de la región se proponen involucrar a los militares en la lucha contra la criminalidad – delincuencia común o crimen organizado – y esperan la ayuda estadounidense. Los analistas de seguridad, militares o civiles, han advertido sobre los peligros que plantean los ‘espacios sin gobiernos’ o ‘áreas sin ley’. Los que apoyan la guerra a las drogas seguirán impulsando sus estrategias punitivas de erradicación en las zonas productoras. En respuesta a estas amenazas, buena parte del establecimiento de defensa y política exterior de EE.UU. está muy deseosa de respaldar políticas que incrementen el papel de los ejércitos latinoamericanos en sus respectivos países. No sería de extrañar que tuviéramos que monitorear nuevas iniciativas de ayuda enfocadas en la seguridad interna, el financiamiento de nuevos ‘sitios operativos de avanzada’, el desarrollo de estrechas alianzas de seguridad con gobiernos de mano dura, nuevas políticas antinarcóticos de ‘línea dura’, y nuevos programas que no están sujetos a rendir cuentas dentro del presupuesto de defensa.
¿Qué dirección está tomando ahora este fenómeno? En los últimos años, como lo anotamos, la tendencia a estrechar los compromisos de militar a militar se ha apaciguado de algún modo. Y es probable que esta tendencia se mantenga al menos en el corto plazo mientras EE.UU. sigue enredado en las complejas guerras de Irak y Afganistán.
Sin embargo, a mediano plazo, América Latina y el Caribe podrían volver a estar en el centro de la mira de Estados Unidos. Si la guerra al terrorismo no logra estimular un aumento de la asistencia militar – lo que todavía podría suceder – los que defienden una respuesta militar a los problemas regionales probablemente se las arreglarán para encontrar otras razones.
No hay escasez de candidatos. Las páginas editoriales de la prensa estadounidense están constantemente previniendo sobre una ‘ola de izquierda antiamericana’ a causa de los líderes que están siendo elegidos en la región. Otros presidentes de la región se proponen involucrar a los militares en la lucha contra la criminalidad – delincuencia común o crimen organizado – y esperan la ayuda estadounidense. Los analistas de seguridad, militares o civiles, han advertido sobre los peligros que plantean los ‘espacios sin gobiernos’ o ‘áreas sin ley’. Los que apoyan la guerra a las drogas seguirán impulsando sus estrategias punitivas de erradicación en las zonas productoras. En respuesta a estas amenazas, buena parte del establecimiento de defensa y política exterior de EE.UU. está muy deseosa de respaldar políticas que incrementen el papel de los ejércitos latinoamericanos en sus respectivos países. No sería de extrañar que tuviéramos que monitorear nuevas iniciativas de ayuda enfocadas en la seguridad interna, el financiamiento de nuevos ‘sitios operativos de avanzada’, el desarrollo de estrechas alianzas de seguridad con gobiernos de mano dura, nuevas políticas antinarcóticos de ‘línea dura’, y nuevos programas que no están sujetos a rendir cuentas dentro del presupuesto de defensa.
Estas salidas inquietantes podrían evitarse. Pero para ello se necesitaría un mejor entendimiento de las alternativas. Una expresión que hemos oído repetidamente todos estos años es la de que, “Cuando la mejor herramienta que tienes es un martillo, todos los problemas comienzan pareciéndose a un clavo”. El martillo en esta metáfora ha sido naturalmente el ejército, tanto en América Latina como, con demasiada frecuencia también, en casa.
En vez de agarrar de nuevo el martillo militar, EE.UU. necesita adoptar respuestas civiles basadas en la gobernabilidad para los complejos problemas del hemisferio. La política estadounidense debe reconocer que la principal amenaza que enfrentan las naciones latinoamericanas no es la seguridad definida en términos militares, sino la pobreza, la desigualdad, y la debilidad de sus instituciones civiles de gobierno. Estos males sólo se pueden enfrentar con gobiernos civiles que aborden seriamente asuntos como el desarrollo rural y la tenencia de la tierra, que expandan las redes de seguridad social y que impulsen estrategias de inversión y comercio más equitable.
No les corresponde a los soldados hacer frente a las amenazas en las ‘áreas sin ley’ sino a la presencia de la totalidad del gobierno, que es quien puede proveer infraestructura, imponer el estado de derecho, generar empleo y la satisfacción de las necesidades más básicas.
Los graves problemas de criminalidad que afectan la región requieren efectivamente de fuerzas policiales respetuosas de los derechos, e instituciones judiciales que funcionen bien. Hay que ver la impunidad – ya sea por abuso a los derechos humanos o por corrupción – como una amenaza real para la paz y la prosperidad. El problema del abuso de drogas, como lo indican una y otra vez los estudios, se afrontaría mejor expandiendo el acceso al tratamiento para la población adicta que compone la vasta mayoría del consumo ilegal de drogas, reforzando a la vez las instituciones civiles y creando oportunidades en las zonas rurales alejadas en donde se producen los cultivos ilícitos. El distanciamiento con los líderes de ‘izquierda’, que nunca va más allá de la pura retórica, podría atenuarse con diplomacia, respeto mutuo y más contacto entre las sociedades.
Aunque los gobiernos se sienten tentados a llevar el ejército para un arreglo rápido, los militares latinoamericanos no tendrán un papel clave en la confrontación de los principales problemas de la región. Resistir esta tentación sería un avance saludable y positivo.
Por último, Estados Unidos debe reconocer que no hay un instrumento de derechos humanos tan importante como el propio respeto por las normas internacionales de derechos humanos.
Ningún condicionamiento, entrenamiento o conferencia de derechos humanos puede reemplazar la pérdida de poder presentarse a sí mismo como un buen ejemplo.
Esperamos que nuestro monitoreo de estos diez años haya ofrecido acceso a información que a su vez haya contribuido a un debate más maduro sobre los militares estadounidenses, sus relaciones con Latinoamérica, y a nuevas vías, menos militarizadas, para un compromiso de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Esperamos que este diálogo se desarrolle y sirva como modelo para las relaciones y la asistencia de Estados Unidos con los países en desarrollo de todo el mundo.
En vez de agarrar de nuevo el martillo militar, EE.UU. necesita adoptar respuestas civiles basadas en la gobernabilidad para los complejos problemas del hemisferio. La política estadounidense debe reconocer que la principal amenaza que enfrentan las naciones latinoamericanas no es la seguridad definida en términos militares, sino la pobreza, la desigualdad, y la debilidad de sus instituciones civiles de gobierno. Estos males sólo se pueden enfrentar con gobiernos civiles que aborden seriamente asuntos como el desarrollo rural y la tenencia de la tierra, que expandan las redes de seguridad social y que impulsen estrategias de inversión y comercio más equitable.
No les corresponde a los soldados hacer frente a las amenazas en las ‘áreas sin ley’ sino a la presencia de la totalidad del gobierno, que es quien puede proveer infraestructura, imponer el estado de derecho, generar empleo y la satisfacción de las necesidades más básicas.
Los graves problemas de criminalidad que afectan la región requieren efectivamente de fuerzas policiales respetuosas de los derechos, e instituciones judiciales que funcionen bien. Hay que ver la impunidad – ya sea por abuso a los derechos humanos o por corrupción – como una amenaza real para la paz y la prosperidad. El problema del abuso de drogas, como lo indican una y otra vez los estudios, se afrontaría mejor expandiendo el acceso al tratamiento para la población adicta que compone la vasta mayoría del consumo ilegal de drogas, reforzando a la vez las instituciones civiles y creando oportunidades en las zonas rurales alejadas en donde se producen los cultivos ilícitos. El distanciamiento con los líderes de ‘izquierda’, que nunca va más allá de la pura retórica, podría atenuarse con diplomacia, respeto mutuo y más contacto entre las sociedades.
Aunque los gobiernos se sienten tentados a llevar el ejército para un arreglo rápido, los militares latinoamericanos no tendrán un papel clave en la confrontación de los principales problemas de la región. Resistir esta tentación sería un avance saludable y positivo.
Por último, Estados Unidos debe reconocer que no hay un instrumento de derechos humanos tan importante como el propio respeto por las normas internacionales de derechos humanos.
Ningún condicionamiento, entrenamiento o conferencia de derechos humanos puede reemplazar la pérdida de poder presentarse a sí mismo como un buen ejemplo.
Esperamos que nuestro monitoreo de estos diez años haya ofrecido acceso a información que a su vez haya contribuido a un debate más maduro sobre los militares estadounidenses, sus relaciones con Latinoamérica, y a nuevas vías, menos militarizadas, para un compromiso de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Esperamos que este diálogo se desarrolle y sirva como modelo para las relaciones y la asistencia de Estados Unidos con los países en desarrollo de todo el mundo.
Hay que tener la mente abierta y no buscar ni ver fantasmas donde no los hay. Excelente la nota y siempre Unidos, desde Israel los saluda muy atentamente, Andrés Córdoba Director de La Radio Israel.
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