Estado de los Derechos Humanos del pueblo Afrocolombiano
Por Juan de Dios Mosquera
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| Juan De Dios Mosquera |
El Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo de la Población Afrocolombiana aprobado por el Departamento Nacional de Planeación, establece que la población afrocolombiana corresponde al 30% de la nacional, unos 10 millones de personas, entre los 42.888.592 habitantes del país. Es visible su presencia en todo el territorio nacional, en especial, en las regiones Atlántica y Pacífica y en las grandes ciudades como Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá.
En el año 2009, la situación de ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas se caracteriza por la persistencia de las consecuencias de la esclavización, pobreza critica, retraso educativo, racismo, discriminación, manipulación política, agravadas por el impacto del conflicto armado, introducido con la invasión de sus territorios por los grupos armados ilegales: Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. La región pacífica es la más afectada, en zonas como el departamento del Chocó, la ciudad de Buenaventura y la costa de Nariño y Cauca.
Las comunidades afrocolombianas son víctimas del fuego cruzado entre las fuerzas militares y las guerrillas, aliadas con las bandas de los narcotraficantes. El Derecho Internacional Humanitario no se respeta por los grupos armadas ni se protegen los derechos humanos de las comunidades, que son utilizadas como escudos, carecen de libertad de movilización, las mujeres son violadas, las familias son obligadas a entregar sus hijos a las guerrillas, los niños y niñas son vinculados al conflicto, son continuos las asesinatos y masacres como castigo y amedrantamiento, y los destierros provocados por los desplazamientos forzados de millares de personas.
En el Informe anual 2007 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifiesta su reiterada preocupación así:
“… La población afrocolombiana enfrenta una situación de alta vulnerabilidad por el conflicto armado interno. Se atribuyen a las FARC-EP, a grupos paramilitares desmovilizados, casos de homicidios en persona protegida, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento forzado, toma de rehenes, reclutamiento forzado, ataques contra la población civil, restricciones al paso de alimentos, minas antipersonales. Por su parte, a la fuerza pública se han atribuido casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos contra miembros de comunidades afrodescendientes, acusándolos de ser miembros de la guerrilla”.
En la coyuntura nacional del pueblo afrocolombiano el desplazamiento forzado y la perdida de los territorios ancestrales constituyen la más grave violación de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. Según cifras de Acción Social de la Presidencia de la República, de los 2.359.838 desplazados, unos 800.000 mil afrocolombianos; los desplazados del litoral pacifico son 266.219, concentrados en las ciudades de Buenaventura, Tumaco, Guapi y Quibdó.
Los desplazados afros que llegan a refugiarse en los centros urbanos son víctimas de prácticas de racismo y exclusión racial, se ven obligados a vivir en los cinturones de miseria, en condiciones infrahumanas, mendigando alimentos y despreciados por su condición de desplazados, personas negras y fuerza de trabajo sin competencia laboral. Esta situación se agrava por la inexistencia de programas de autogestión en las organizaciones comunitarias que les ofrezcan orientación, organización y acompañamiento en el proceso de demanda y aplicación de sus derechos ante las instituciones gubernamentales y las ONGs que les atienden.
Mediante este proyecto CIMARRÓN se propone implementar una estrategia de exigibilidad y protección de los derechos de la población afrocolombiana desplazada, que les proteja contra las prácticas de exclusión racial, fortalezca sus organizaciones y liderazgo, les capacite para la comprensión de sus derechos y les facilite orientación profesional para la exigencia de sus derechos y la vinculación laboral de acuerdo con sus capacidades. [Tomado de Año Internacional de los Afrodecendientes]
En el año 2009, la situación de ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas se caracteriza por la persistencia de las consecuencias de la esclavización, pobreza critica, retraso educativo, racismo, discriminación, manipulación política, agravadas por el impacto del conflicto armado, introducido con la invasión de sus territorios por los grupos armados ilegales: Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. La región pacífica es la más afectada, en zonas como el departamento del Chocó, la ciudad de Buenaventura y la costa de Nariño y Cauca.
Las comunidades afrocolombianas son víctimas del fuego cruzado entre las fuerzas militares y las guerrillas, aliadas con las bandas de los narcotraficantes. El Derecho Internacional Humanitario no se respeta por los grupos armadas ni se protegen los derechos humanos de las comunidades, que son utilizadas como escudos, carecen de libertad de movilización, las mujeres son violadas, las familias son obligadas a entregar sus hijos a las guerrillas, los niños y niñas son vinculados al conflicto, son continuos las asesinatos y masacres como castigo y amedrantamiento, y los destierros provocados por los desplazamientos forzados de millares de personas.
En el Informe anual 2007 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifiesta su reiterada preocupación así:
“… La población afrocolombiana enfrenta una situación de alta vulnerabilidad por el conflicto armado interno. Se atribuyen a las FARC-EP, a grupos paramilitares desmovilizados, casos de homicidios en persona protegida, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento forzado, toma de rehenes, reclutamiento forzado, ataques contra la población civil, restricciones al paso de alimentos, minas antipersonales. Por su parte, a la fuerza pública se han atribuido casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos contra miembros de comunidades afrodescendientes, acusándolos de ser miembros de la guerrilla”.
En la coyuntura nacional del pueblo afrocolombiano el desplazamiento forzado y la perdida de los territorios ancestrales constituyen la más grave violación de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. Según cifras de Acción Social de la Presidencia de la República, de los 2.359.838 desplazados, unos 800.000 mil afrocolombianos; los desplazados del litoral pacifico son 266.219, concentrados en las ciudades de Buenaventura, Tumaco, Guapi y Quibdó.
Los desplazados afros que llegan a refugiarse en los centros urbanos son víctimas de prácticas de racismo y exclusión racial, se ven obligados a vivir en los cinturones de miseria, en condiciones infrahumanas, mendigando alimentos y despreciados por su condición de desplazados, personas negras y fuerza de trabajo sin competencia laboral. Esta situación se agrava por la inexistencia de programas de autogestión en las organizaciones comunitarias que les ofrezcan orientación, organización y acompañamiento en el proceso de demanda y aplicación de sus derechos ante las instituciones gubernamentales y las ONGs que les atienden.
Mediante este proyecto CIMARRÓN se propone implementar una estrategia de exigibilidad y protección de los derechos de la población afrocolombiana desplazada, que les proteja contra las prácticas de exclusión racial, fortalezca sus organizaciones y liderazgo, les capacite para la comprensión de sus derechos y les facilite orientación profesional para la exigencia de sus derechos y la vinculación laboral de acuerdo con sus capacidades. [Tomado de Año Internacional de los Afrodecendientes]
Foto: Juan Felipe Rubio
PROYECTO CONTEXTUS PAZ GLOBAL
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