13 de agosto de 2009

¿Son útiles los Convenios de Ginebra?

En muchos conflictos se ataca igualmente a enemigos y civiles.

Por Max Seitz
BBC Mundo

Éste es uno de los principios básicos de los Convenios de Ginebra, que constituyen la espina dorsal del derecho internacional en enfrentamientos bélicos y de cuya firma se cumplen 60 años este miércoles.

Sin embargo, una serie de conflictos recientes y actuales pone en duda la utilidad de estos acuerdos -suscritos por 194 países- en la protección de civiles y de combatientes frente a los abusos cometidos en tiempos de guerra.

Los Convenios parecen ser quebrantados frecuentemente por algunos Estados y grupos armados en distintas partes del mundo.

Según el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Jakob Kellenberger, estos derechos "se conculcan con regularidad con malos tratos infligidos a prisioneros, ataques indiscriminados a la población civil y desplazamientos de la población".

El abogado especialista en derechos humanos Alejandro Teitelbaum añadió que "al ser violados cotidianamente, los Convenios no suelen ser útiles para prevenir abusos".

"En las actuales circunstancias parecen servir más a posteriori, por ejemplo, para presentar demandas ante la Justicia penal nacional o internacional una vez que los hechos se han consumado", le dijo Teitelbaum a BBC Mundo.

No obstante, tanto en la prevención como en el castigo de crímenes, los acuerdos de Ginebra se topan con un gran obstáculo. Una encuesta del CICR muestra que muchas de las poblaciones en riesgo desconocen su existencia, lo que las vuelve aún más vulnerables.

BBC Mundo escogió tres conflictos que generan profundos cuestionamientos sobre la aplicación y la eficacia de los Convenios de Ginebra, cuya meta es -en pocas palabras- poner límites jurídicos a los actores de una guerra.

COLOMBIA

El país sudamericano sufre desde hace casi cinco décadas uno de los conflictos armados más duraderos del mundo. Los actores han sido principalmente la guerrilla de izquierda, que llegó a controlar parte del territorio colombiano, y el gobierno.

Pero no puede dejar de mencionarse a los paramilitares, que se formaron en la década de los años 80 para contrarrestar a los rebeldes y se han desmovilizado parcialmente. El Estado ha sido acusado de actuar en connivencia con ellos, aunque lo ha negado.

Miles de personas han muerto y desaparecido en el conflicto. Asimismo, Colombia posee en este momento una de las mayores cifras de desplazados del mundo. Distintas organizaciones como el CICR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional estiman que entre tres y cuatro millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por causa de la violencia.

Los especialistas consultados por BBC Mundo coincidieron en que ninguna de las partes en el conflicto ha respetado los Convenios de Ginebra en cuanto al trato de la población y de los prisioneros.

"Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) toman rehenes civiles que mantienen cautivos durante años, reclutan a menores y utilizan minas antipersonales. Mientras que los grupos paramilitares, que han resurgido, amenazan y matan a sindicalistas y activistas de derechos humanos", apuntó Teitelbaum.

Ejecuciones

Por su parte Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch -una ONG de defensa de los derechos humanos-, le dijo a BBC Mundo que sobre el Estado colombiano pesan fundamentalmente "acusaciones de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas".

Y mencionó el caso de los llamados "falsos positivos", es decir, personas que tras ser asesinadas por los militares son presentadas como guerrilleros muertos en combate, presuntamente para mostrar éxitos en la lucha contra los rebeldes.

El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, declaró recientemente a BBC Mundo que su gobierno ha tomado una serie de medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales, como el relevo de generales y una serie de juicios contra sospechosos de esos crímenes.

"Además, las operaciones del ejército y su doctrina entraron en un proceso de profunda revisión", completó.

En cuanto a los desplazados, la "tragedia invisible" del conflicto colombiano, el gobierno cuenta con un presupuesto anual de US$500 millones para atender sus necesidades.

Sin embargo, Teitelbaum afirmó que eso no alcanza: "Según los Convenios de Ginebra, los desplazados deberían tener condiciones de vida elementales, pero en Colombia cada uno parece arreglárselas como puede".

"Además, no pueden regresar a sus tierras porque se las han robado o bien porque el gobierno no les garantiza que allí estarán seguros".

Según una encuesta realizada por el CICR, sólo el 38% de los colombianos sabe de la existencia de los Convenios de Ginebra, lo que los coloca en una situación de mayor indefensión jurídica. Y entre quienes los conocen, el 47% cree que no tienen utilidad alguna para limitar el sufrimiento causado por el conflicto.

"GUERRA CONTRA EL TERRORISMO"

La prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, ha sido objeto de denuncias de abusos en medio de la llamada "guerra contra el terrorismo", emprendida por Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Ese centro de detención fue creado en enero de 2002 por la administración de George W. Bush para encerrar a quienes -se sospechaba- tenían vínculos con al-Qaeda y el Talibán.

Grupos de derechos humanos calificaron de "escandalosas" las condiciones en las que se mantenía a los prisioneros, cuyo uniforme naranja se convirtió en símbolo de la infamia. Muchos fueron trasladados allí desde Afganistán encadenados y encapuchados, y luego fueron colocados en celdas con paredes de alambrado, pisos de concreto y techos de paja, incomunicados con el mundo exterior.

Mientras tanto, la Casa Blanca aseguraba que eran tratados "humanamente".

"Pero lo que más ha causado polémica es que a los reclusos se les haya negado el acceso a abogados y a tribunales ordinarios para ser juzgados", le explicó a BBC Mundo Reed Brody, de Human Rights Watch. "En otras palabras, el gobierno de Bush intentó que no tuvieran derechos bajo los Convenios de Ginebra".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, llegó a decir que los internos de Guantánamo eran "combatientes enemigos" en lugar de prisioneros de guerra.

"Washington les puso ese mote que no existe en el derecho internacional para tratar de justificar la detención arbitraria de esos hombres sin un juicio justo", le comentó a BBC Mundo el abogado Alejandro Teitelbaum.

¿Cambio de política?

Este año, el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010.

El centro de detención llegó a albergar unos 775 reclusos. Muchos han sido liberados o transferidos a gobiernos extranjeros y tres han sido condenados por tribunales militares (o comisiones), mientras que 240 permanecen en custodia.

Bajo el plan de Obama, las comisiones continuarán pero serán reformadas en acuerdo con el Congreso y se preferirá enviar prisioneros a juzgados federales ordinarios.

"Hasta que ello suceda, los reclusos deben ser liberados, porque los Convenios de Ginebra plantean dos opciones: juicio o libertad", advirtió Teitelbaum.

La controversia por el tratamiento de Estados Unidos a los sospechosos de terrorismo ha trascendido a Guantánamo en los últimos años. Organizaciones internacionales como el CICR y Amnistía Internacional han acusado a Washington de mantener prisiones secretas en otras partes del mundo, en las que presuntamente emplea técnicas de tortura durante los interrogatorios.

La Casa Blanca admitió el uso de terceros países en la guerra contra el terrorismo, pero negó recurrir a prácticas ilegales.

"Lo que queda claro es que va a ser difícil recuperarse del golpe dado por Estados Unidos al derecho humanitario internacional, ya que se trata del país más poderoso del mundo que siempre se ha jactado de defender la Justicia en el resto del planeta", concluyó Brody.

FRANJA DE GAZA

Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009, Israel llevó a cabo una ofensiva en la Franja de Gaza para detener los ataques con cohetes que Hamas lanzaba contra su población.

Según Amnistía Internacional, en la operación murieron unos 1.400 palestinos. Entre las víctimas, 900 eran civiles, incluyendo 300 niños y 115 mujeres.

Las cifras de la Autoridad Nacional Palestina coinciden con las de Amnistía, pero las israelíes no.

El gobierno del entonces primer ministro Ehud Olmert afirmó que el número de palestinos muertos no fue mayor de 1.200, 295 de los cuales eran civiles "no involucrados".

Más allá de la discusión sobre las cifras, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que se cometieron crímenes de guerra durante el conflicto, como atacar a inocentes, destruir propiedad y obstruir el acceso de los médicos a los heridos.

Un grupo de 25 soldados de Israel que dieron su testimonio anónimo al grupo activista Breaking the Silence, formado por colegas militares, admitieron que las reglas de combate del ejército no distinguían entre adversarios y civiles. Según ellos, las órdenes eran prevenir bajas israelíes incluso a costa de vidas palestinas.

En cambio, el gobierno de Olmert insistió en que las fuerzas armadas respetaron las leyes internacionales.

Indagaciones

"Nosotros hemos emitido cinco informes sobre Gaza y concluimos que ambos lados cometieron crímenes de guerra", le dijo a BBC Mundo Reed Brody, de Human Rights Watch.

"Los ataques contra civiles por parte de Israel constituyeron una violación de los Convenios de Ginebra, al igual que la utilización de fósforo blanco, una arma incendiaria que no distingue entre combatientes e inocentes", precisó.

"Pero también los cohetes lanzados por Hamas contra la población israelí fueron un abuso a las leyes humanitarias internacionales", completó Brody.

En junio, una misión de Naciones Unidas viajó a la Franja de Gaza para investigar en el terreno las denuncias contra Israel y Hamas. El gobierno israelí calificó al grupo de "parcial" y desde entonces se ha negado a colaborar con él.

El jefe de la delegación, el juez sudafricano Richard Goldstone, se apresuró a aclarar que las indagaciones probablemente no conducirán a acciones judiciales.

Los resultados de la investigación se conocerán en septiembre.

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