Por CAROL ROSENBERG
MiamiHerald.com
El jefe del tribunal de guerra del Pentágono rechazó una solicitud de aplazamiento de la defensa y ordenó que una audiencia de la Comisión Militar que abordará el tema de la tortura continúe después del Día de Recordación en Guantánamo, según un documento obtenido por The Miami Herald.
El juez James Pohl, coronel del Ejército, escribió en la decisión de dos páginas que los abogados defensores debían recibir un aviso con suficiente anticipación para prepararse debidamente para la audiencia del 27 de mayo. Les ordenó que hicieran planes para viajar a Guantánamo y estuvieran presentes en la primera audiencia de la comisión desde que el presidente Barack Obama tomó posesión y ordenó una suspensión de 120 días a las medidas de tribunal de guerra.
El tema de la audiencia del ciudadano saudita Ahmed Darbi, de 34 años, es cuántas pruebas se pueden presentar en su juicio militar en un intento por mostrar que fue torturado para que confesara delitos que ahora niega.
El Departamento de Defensa afirma que Darbi es cuñado de uno de los hombres que integraba un escuadrón suicida que estrelló el avión secuestrado del Vuelo 17 contra el edificio del Pentágono el 11 de septiembre del 2001, aunque Darbi no está acusado de ese delito. Las acusaciones en su contra es confabularse con Al Qaida en un complot entre el 2000 y el 2002, que nunca llegó a materializarse, para atentar con explosivos contra barcos en el Estrecho de Hormuz. También se le acusa de reunirse con Osama Bin Laden y se entrenó en un campamento de Al Qaida en Afganistán.
Los abogados defensores habían solicitado presentar como prueba los documentales Taxi to the Dark Side y Torturing Democracia.
La fecha escogida es particularmente sensible porque tanto The Washington Post como The New York Times reportaron, citando fuentes del gobierno federal, que la nueva administración busca la manera de que el tribunal militar conceda mayor protección al acusado, lo que posiblemente incluirá la exclusión de las pruebas obtenidas mediante coerción.
El juez Pohl consideró que la audiencia era un preludio necesario del juicio y se opuso a nuevos aplazamientos. A principios de este año el juez trató el problema de las prórrogas en otro caso que casi lo hizo entrar en conflicto con el gobierno federal: una solicitud de aplazamiento para estudiar los procedimientos y protecciones del tribunal militar.
No fue posible contactar al Pentágono ni a Comisión Militar para que confirmaran si la audiencia se realizará después del 27 de mayo. También quedó sin respuesta si el gobierno mantendrá la política de George Bush de trasladar por avión a los periodistas a las instalaciones del tribunal militar para reportar sobre la audiencia.
Para evitar esa audiencia adelantada, el Pentágono retiró los cargos de pena capital contra otro prisionero en Guantánamo, Abd el Rahim al Nashiri, un saudita que debe enfrentar juicio bajo cargos de participar en el ataque suicida de octubre del 2000 contra el destructor USS Cole en Yemen. Diecisiete marineros perecieron en el ataque.
Los abogados de Darbi tratan de impedir que los fiscales del Pentágono usen como prueba decenas de declaraciones de autoincriminación que, según ellos, se obtuvieron por métodos brutales durante los interrogatorios realizados en la Base Aérea Bagram en Afganistán, antes de ser trasladado a Guantánamo. Los dos documentales muestran a guardias que describen los abusos durante los interrogatorios.
Los abogados del tribunal militar dicen que el juez tiene potestad para decidir si una confesión se obtuvo mediante coerción y si debe admitirse en el juicio.
En su última comparecencia ante el tribunal militar el 15 de diciembre, Darbi mostró una copia de la promesa hecha por Obama durante la campaña electoral y exhortó al Presidente a que cumpliera su palabra, diciendo que so restauraría la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo.
El abogado defensor Ramzi Kassem dijo en una declaración que el Pentágono debería, como en el caso Nashiri, retirar los cargos contra Darbi, sin perjuicio de conceder tiempo al nuevo liderazgo para decidir cómo proceder.
"Sería trágico para el caso de Darbi proceder basándose únicamente en las pruebas obtenidas mediante coerción y ante la misma Comisión Militar que el presidente Obama prometió suprimir por haber admitido esas pruebas'', dijo Kassem.
Ir más allá del 27 de mayo, dijo el abogado, "permitiría sacar de las manos del presidente Obama una decisión de importancia política: si continúan operando las Comisiones Militares que se crearon durante el gobierno de Bush''.
