Colombia: ¡Qué se conozca la verdad!

Editorial
El País / Colombia
Mayo 19 de 2009

El escándalo de las intervenciones de los teléfonos de periodistas, opositores al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia volvió a ser agitado por revelaciones sorpresivas. Lo que da pie para preguntar de nuevo cuándo se sabrá la verdad de todo lo que ha ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Esta vez la agitación es producida por la divulgación de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de la Nación por los ex jefes de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS Fernando Tabares y Jorge Lagos. Como ya es costumbre en Colombia, esos documentos fueron filtrados a la prensa, en concreto al diario El Tiempo, a pesar de ser parte de un expediente cobijado por la reserva del sumario. Fuera de esa connotación, es necesario decir que, con su publicación, el país conoció otra pieza más del complejo rompecabezas en el que se ha convertido la búsqueda de la verdad sobre tan delicado asunto.
Ahora, hay que precisar que el documento desmiente la información emitida por el Noticiero de RCN Televisión el pasado 13 de mayo, cuando se afirmó que la declaración de los nombrados involucraba al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria como ordenadores de tal intervención. También demuestra que Lagos nunca declaró en la diligencia haber participado en una confabulación contra el Fiscal General. Y que pidió protección para él y su familia, porque temía una reacción no del alto Gobierno sino de funcionarios del DAS destituidos, al comprobárseles ingresos exagerados y manipulaciones indebidas de la información a su cargo.
Ante la ilegal pero incuestionable evidencia, los medios de comunicación que se basaron en la información del noticiero citado para emitir sus comentarios deben reconocer el error. Pero también tienen el deber de ayudar a descubrir la verdad de unos hechos que atentan contra la credibilidad de las instituciones. El propio director del DAS ha reconocido la existencia de interceptaciones ilegales. Y se conoce una lista de personas cuyas comunicaciones fueron afectadas por las llamadas ‘chuzadas’, una forma abusiva de invadir la vida privada por razones distintas al cumplimiento de una orden judicial.
Sería necio desconocer que la temperatura del ambiente político en Colombia crece a diario con la posible reelección del presidente Álvaro Uribe. Eso, más que la incuestionable necesidad de investigar las actuaciones de integrantes de la Corte Suprema, es lo que está detrás de todo este escándalo, que se enreda y confunde a la Nación. De ahí nace una confrontación que amenaza con radicalizar la opinión y los argumentos.
Por eso se requiere saber la verdad: quién ejecutó y quién ordenó las intervenciones ilegales. Qué va a pasar con el DAS y cómo se garantizará el derecho a la intimidad que protege la Constitución Nacional. Y cómo se podrá lograr el respeto a las reglas de juego y a la información veraz a que tienen derecho los colombianos. Al responder a esos interrogantes, las instituciones del Estado y los medios de comunicación habrán dado un paso fundamental en la reafirmación de la democracia en Colombia.